La Fiscalía General de la Nación acaba de fijar en una directiva los parámetros para actuar y dar con los determinadores y mayores responsables de distintas prácticas, desde la inscripción irregular de cédulas, hasta la financiación ilícita de campañas, entre otros delitos.

En ese sentido la Fiscalía define la hoja de ruta para investigar y judicializar los delitos electorales y otras conductas que afecten el certamen democrático en el presente año con motivo de las elecciones de Congreso y Presidencia. El trabajo abarca las etapas preelectoral, electoral y postelectoral.

De esta manera, la Fiscalía ha dicho que enfrentará a las personas y organizaciones criminales que buscan sacar provecho propio o atentar contra la libertad democrática de la ciudadanía en las elecciones de 2022.

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"Del total de municipios del país, 258 tienen un riesgo alto en delitos electorales; en riesgo medio, 526; y en riesgo bajo, 338 municipios”, reveló el Fiscal General al indicar que se consolida un mapa de riesgo electoral que será actualizado de acuerdo con los avances en los procesos investigativos.

La directiva, inicialmente, describe la necesidad de crear estrategias diferenciales para cada uno de los momentos del certamen. Desde la inscripción y aceptación de candidatos a la elección; durante las votaciones o elecciones propiamente dichas, para intervenir ante la compra de votos y otros actos ilegales; y en los escrutinios, ante la eventual intención de modificar los resultados.

“La Unidad Especial de Investigación será la encargada de hacer todas las investigaciones, con policía judicial propia, para el tema de las circunscripciones de paz y, al mismo tiempo, homicidios o amenazas de reincorporados o miembros del Partido Comunes”, explicó el Fiscal Barbosa Delgado.
Una estrategia comprometida con la transparencia

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El personal encargado de recibir las denuncias será capacitado sobre las conductas que atentan contra los mecanismos de participación ciudadana. Se garantizará una correcta selección de los hechos que se pongan en conocimiento a través de los canales ordinarios de atención.

Asimismo, se estará al tanto de los reportes originados por la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL) y de las circunstancias que, por medios abiertos, sean detectadas y puedan constituir un delito.