Con 36 hallazgos administrativos de los cuales, 11 tienen presunta incidencia fiscal por valor de $5.292 millones, 29 de carácter disciplinario y 2 con solicitud de indagación preliminar, finalizó una Auditoría de Cumplimiento que realizó la Contraloría General de la República a la gestión adelantada por el Banco Agrario, entre el 1 de enero 2019 y el 30 de junio de 2021, respecto a los subsidios de vivienda de interés social rural otorgados hasta el 2017.

El organismo de control emitió un concepto adverso sobre esta gestión del Banco, en cuanto a la atención del rezago de subsidios pendientes de ejecución entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2021.

Por su parte, la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario encontró también situaciones como estructuración de proyectos de vivienda en predios no aptos para su construcción o entrega de las casas sin el cumplimiento de los requisitos técnicos.

Para la Contraloría, no es conforme el cumplimiento por parte del Banco Agrario como otorgante de estos subsidios y los demás actores involucrados en el programa (gerencias integrales, oferentes, contratistas, interventores y supervisores), respecto a la atención de tal rezago.

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El Banco ha realizado el retiro de los beneficiarios de forma unilateral, mediante acto administrativo, sustentado en evitar la afectación de los ciudadanos para que puedan volver a postularse a programas y para la depuración de la base de datos, sin considerar que el derecho fundamental a una vivienda digna, les había sido reconocido por el Estado.

Para la Contraloría, con esta acción se afecta al ciudadano, por causas endilgables al Banco, por cuanto las situaciones ocurridas obedecen a incumplimiento de los contratistas ejecutores de obra y de las interventorías, y a la presentación errada de los proyectos por parte de los oferentes, los cuales fueron avalados por las gerencias integrales o por el Banco, en su momento, sin evidenciar que se encontraban desfinanciados.

Otras deficiencias detectadas

La Contraloría verificó también la estructuración de proyectos en predios no aptos para la construcción de vivienda; incertidumbre respecto a la titularidad de los lotes; la entrega de las viviendas sin el cumplimiento de los requisitos técnicos conforme a los tipos definido y cantidades de obra ejecutada y pagada menor a la contratada.

De igual forma, se evidenció incumplimiento en los tiempos dispuestos para la evaluación y subsanación de los proyectos, que en muchos casos excedieron más de un año, lo que generó retrasos en la construcción de las viviendas y el consecuente desfinanciamiento de los proyectos por el alza de los precios en el transporte y materiales, según indican los operadores.

Además, el Banco no realiza un seguimiento respecto al uso habitacional de las viviendas, por cuanto habiendo sido entregadas y estando sin protocolizar la propiedad, en algunos casos, los beneficiarios están haciendo uso con propósito comercial, a través de arrendamientos y utilizándolas para depósito de madera, sin que se adopten, por parte del Banco, las acciones pertinentes para el reintegro del subsidio.

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La CGR consideró que hay pasividad del Banco, y de las entidades vinculadas al programa, en la interposición de acciones administrativas y judiciales, tendientes a lograr el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de las gerencias integrales y de los ejecutores de obra e interventoría.

Así mismo, se determinó que reclamaciones ante las compañías de seguros se realizaron de forma tardía, por cuanto en la mayoría de los casos se encontraban vencidas las coberturas de las garantías, lo que repercute aún más en el riesgo de pérdida de los recursos públicos que fueron desembolsados a las gerencias integrales, y de éstas, como anticipos en los contratos de obra.

No se aplican los controles existentes

Es de anotar que, los hallazgos con presunta connotación fiscal evidencian la no aplicación de los controles existentes a cargo de la supervisión de los contratos, entre el Banco y las gerencias integrales, y de la interventoría contratada para verificar la ejecución de las obras; así como omisión en el seguimiento del recurso público desembolsado en los diferentes proyectos.

En la revisión documental y en las visitas de campo realizadas por la CGR, con acompañamiento de funcionarios del Banco y con algunos representantes de los demás actores del programa, se evidenció que existen proyectos con 0% de ejecución, no obstante haberse girado dos y tres desembolsos a las gerencias Integrales.

En los casos de anticipos a los contratistas de obra, no presentan amortizaciones conforme a los presuntos avances de obra, y en un amplio número de casos se encuentran vencidas las coberturas de las pólizas de seguros de estos contratos.

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Sobre los anticipos no ejecutados, los contratistas no han devuelto los saldos a la gerencia integral, aunque algunos proyectos se encuentran siniestrados.

Se encontró que no se han efectuado balances financieros de los proyectos, ni en materia contractual, para establecer si los recursos dispuestos son suficientes para la construcción de las viviendas de interés social rural de los beneficiarios de los subsidios.

Las deficiencias más significativas que encontró la CGR, se resumen así:

•         En la labor de seguimiento a cargo del Banco Agrario como otorgante y responsable del programa de subsidio familiar de vivienda de interés social rural.

 •         La supervisión adelantada por el Banco de forma directa o por contratación, respecto de los contratos suscritos con las gerencias integrales o con los oferentes (según el programa aplicable), que no se adelantó de forma oportuna al no detectar los presuntos incumplimientos contractuales y los riesgos sobre los recursos públicos involucrados.

 •         Los informes de supervisión y avance de los proyectos no se encuentran actualizados, lo que repercute en el conocimiento del estado real de los mismos y la ejecución de las viviendas para la aplicación de los subsidios.

 •         Las actuaciones administrativas para la protección y salvaguarda de los recursos invertidos en los proyectos, así como las acciones judiciales y de reclamaciones no se adelantan en forma diligente y en los tiempos establecidos.

 •         Las bases de datos de los proyectos y de los beneficiarios presentan deficiencias, no se actualizan de forma oportuna y no son confiables, en algunos aspectos, respecto del estado real de ejecución.