El Congreso de la República tiene en sus manos una propuesta que podría abrirle el camino a una reducción de la estructura estatal. La iniciativa, promovida por los congresistas Julia Correa y Juan Caicedo, del Centro Democrático, busca otorgarle al presidente Abelardo de la Espriella facultades extraordinarias durante seis meses para reorganizar ministerios y otras entidades nacionales.

La propuesta coincide con la intención del Gobierno de pasar de 18 a 13 ministerios, como parte de una estrategia para reducir los gastos de funcionamiento y enfrentar las dificultades fiscales. Aunque durante la campaña De la Espriella planteó recortar el tamaño del Estado en un 40%, concretar esa promesa exige definir cuáles entidades serían fusionadas, modificadas o suprimidas y cuánto ahorro producirían esos cambios.

El antecedente más cercano se remonta a 2003, cuando el entonces presidente Álvaro Uribe adelantó una reorganización administrativa mediante facultades extraordinarias concedidas por el Congreso. Aquella reforma redujo de 16 a 13 el número de ministerios. Más de dos décadas después, los promotores de la nueva iniciativa retoman ese mecanismo como una alternativa para disminuir la burocracia.

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La decisión requiere respaldo legislativo. El artículo 150 de la Constitución establece que corresponde al Congreso determinar la estructura de la administración nacional y autoriza otorgar al presidente facultades extraordinarias precisas hasta por seis meses. Estas deben ser solicitadas expresamente por el Gobierno y aprobadas por la mayoría absoluta de los integrantes de ambas cámaras. Por tanto, la radicación del proyecto es apenas el comienzo del camino.

Los autores sostienen que la reorganización debe traducirse en menores gastos de funcionamiento. Correa ha defendido la necesidad de eliminar duplicidades y revisar entidades cuya gestión considera insuficiente, mientras Caicedo plantea una meta de ahorro de al menos el 2% del producto interno bruto, equivalente, según sus estimaciones, a unos $42 billones. Se trata de una aspiración de los promotores, cuyo cumplimiento dependerá del alcance de las medidas aprobadas.

En paralelo, el Gobierno impulsa la Ley de Competitividad, orientada a simplificar trámites y reducir costos administrativos para empresas y emprendedores, especialmente las mipymes. La propuesta contempla que las entidades compartan información para evitar solicitudes repetidas de documentos, además de ventanillas únicas y herramientas digitales. Su propósito es agilizar la relación con el Estado, aunque no implica directamente una eliminación de cargos.

Otra iniciativa, que prepara el senador Hernán Cadavid, propone eliminar las contralorías territoriales y trasladar sus funciones a la Contraloría General de la República. El argumento es reducir la duplicidad del control fiscal y sus costos. Sin embargo, el debate también deberá resolver cómo garantizar la vigilancia de los recursos departamentales, municipales y distritales, y demostrar que la centralización produciría un ahorro efectivo.

Estas propuestas compiten por espacio en una agenda legislativa que incluye el Presupuesto General de la Nación de 2027 y solicitudes de recursos para atender la emergencia del terremoto de agosto y los riesgos del sector eléctrico. El reto del Congreso será evaluar los costos, beneficios y efectos de cada reforma sobre los servicios públicos. Reducir ministerios es la meta anunciada; convertirla en un Estado más eficiente dependerá de las decisiones que se aprueben y de su ejecución.