Por: Alejandro Gutiérrez | Profesor universitario y consultor empresarial

Hace varios días discutíamos con un grupo de colegas y amigos del sector académico, gremial y empresarial del país acerca de la necesidad de generar procesos sostenibles de innovación que permitan sobrepasar la inminente pérdida de valor y quiebra de varios negocios producto de la actual pandemia.

En la multisectorial discusión, que estuvo trazada inicialmente en reiterar la inefectividad de las políticas gubernamentales en temas ya conocidos por todos (económicos, fiscales, sociales, justicia, estabilidad legal, gasto público, desinversión, entre otras), surgió un eje común: unos de los pilares sobre los que se deben dar los procesos de innovación y transformación, es el fortalecimiento de los gobiernos corporativos, que claramente están marcados por escenarios de transparencia, valorados en otros países donde es considerado un indicador desde el que se mide el grado de relación entre malas prácticas empresariales con la gestión contractual del sector público y privado.

Pero lamentablemente, la dinámica que actualmente viven diferentes organizaciones (empresariales, gremiales y sociales), no cuentan con estas apuestas de gobiernos corporativos, pues giran alrededor de la debacle para aprobar sus planes estratégicos, estados financieros, presupuestos y elección de juntas directivas, el órgano por naturaleza donde recae la responsabilidad y perdurabilidad de las empresas y organizaciones, y desde donde existen casos donde se generan turbios escenarios a la hora de su elección.

Tomando como referencia el sector social o tercer sector, específicamente las Cajas de Compensación Familiar, existe una dinámica “electoral” y hasta “politiquera” que rompe con la anhelada transparencia, pues en algunas regiones ha obedecido a intereses particulares y se  convierten en un fortín muy atractivo gracias a que como anota Asocajas, en el país hoy se cuenta con más de 689 mil empresas aportantes de parafiscales que generan cerca de 19.5 millones de beneficiarios, una cifra nada despreciable para los cazadores de contratos o votos. 

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Conscientes, entonces, del trascendental papel que juegan las juntas directivas en el marco de la consecución de los gobiernos corporativos, surgió en la reunión una pregunta fundamental ¿quiénes son los culpables, los que piden los votos o quiénes los dan? Llegamos a un acuerdo en que el gran problema está en que nos movemos en escenarios donde colindan en las decisiones empresariales la inteligencia con la incoherencia. 

La incoherencia observada en algunas regiones (como la nuestra) se genera en dos caminos: Primero, cuando los mismos empresarios que se quejan constantemente de los gobiernos pasados y de turno por cuanto no incentivan el desarrollo empresarial, no actualizan sus políticas o aumentan injustificadamente los impuestos (aún en situaciones como esta de la pandemia), y resultan votando o dando poder a aquellos que se acercan con filiaciones políticas. Segundo, cuando se participa pensando en el “amiguismo” o en la “cercanía” a gobiernos pasados y actuales, cuando lo que debería primar es el desempeño de las Juntas Directivas a través de sus integrantes y de sus decisiones en el marco del gobierno corporativo. 

La votación para estos entes estratégicos debería hacerse en cabeza de la inteligencia, la transparencia y la consecución de gobiernos corporativos donde prime el favorecer al trabajador y sus beneficiarios. Por ello, es momento que hagamos un pacto multisectorial en el que se tomen decisiones inteligentes y visionarias, para que así los representantes de las juntas directivas en la práctica estén condicionados a apropiarse de protocolos de gobierno corporativos y no de pagar favores o prebendas.