Por: Jose Darío Prieto Sierra - Ingeniero Ambiental

Con ocasión de la radicación e inicio de las discusiones en el Congreso de la República de la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, “Colombia Potencia Mundial de la Vida” que implementará los cambios que los connacionales con esperanza y buenos augurios votaron en forma masiva, se empiezan a vislumbrar temas de verdadera importancia para la sostenibilidad ambiental, social y económica del país. Entre ellos, se encuentra el tema de la gobernanza del recurso hídrico como eje generador de riqueza y pedestal para el crecimiento de la Nación.     
En vista de la necesidad de ejercer un control en los procesos de planeación, administración, uso y aprovechamiento adecuado de tan importante recurso natural, la estructura organizacional de Estado Colombiano actualmente tiene varios elementos que materializan una institucionalidad completamente desarticulada a pesar de los esfuerzos de la ley 99 de 1993, su Código de los Recursos Naturales y la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico adoptada desde 2010 -hasta ahora vigente- para garantizar el cuidado del agua dulce superficial, aguas subterráneas y glaciares en el territorio nacional, ha sido un “trompito de poner” en muchas instancias y espacios. Veamos cómo se difuminan las competencias y responsabilidades para planear y administrar el agua en Colombia a costa de “democratizar la gestión y la participación ciudadana” sólo para enumerar 5 instancias;  

1.- Existe el Consejo Nacional Ambiental que casi nunca se reúne por la complejidad  y numeroso de sus integrantes. Creado por la Ley para apoyar la implementación de la política ambiental de todos los recursos naturales y en especial el agua.  

2.- El Viceministerio del Agua y Saneamiento Básico, creado para promover el desarrollo sostenible a través de la formulación y adopción de las políticas, programas, proyectos y regulación para el acceso de la población a agua potable y saneamiento básico.  Que en la práctica hoy, se dedica a gestionar los proyectos de inversión para obras de infraestructura, especialmente para ampliar cobertura en agua potable.  

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3.- Dirección Integral de Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS, estructurada para aportar los elementos técnicos para la elaboración de la política y regulación en materia de gestión integral del recurso hídrico continental, así como realizar el seguimiento y evaluación de la misma y proponer  medidas dirigidas a promover el uso y ahorro eficiente del agua, en coordinación con el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio-MVCT.

 4.- Consejos de Cuencas Hidrográficas creadas para fortalecer de “base” los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas- POMCAS, como instancia consultiva y representativa de los actores de la cuenca en espacios de diálogo, propuestas y generar consensos en torno al manejo, aprovechamiento y conservación de la cuenca, así como, acompañar la ejecución de los proyectos incluidos en el Plan. Debe destacarse que a 2018, el Ministerio de Ambiente tenía reporte de 94 consejos de cuenca creados y en funcionamiento en Colombia con más de 890 participantes, en Tolima (7) consejos de cuenca incluyendo el río Sumapaz que se comparte con Cundinamarca. 

5.- Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales como eje central de la preservación y conservación de los recursos naturales en las 33 regiones geo-ambientales del país.         

Ahora en el proyecto de Plan de Desarrollo del “cambio”, se propone en el artículo 22, una nueva figura denominada -hasta ahora- “Consejos Territoriales del Agua” tendiente a “fortalecer la gobernanza multinivel, diferencial, inclusiva y justa del agua y el ordenamiento del territorio entorno al agua buscando la consolidación de los territorios funcionales con enfoque de adaptabilidad al cambio climático”. A la vez se propone articular acciones con los demás instrumentos de planeación vigentes, sin contar con un proyecto de ley que quiere reactivar la necesidad de crear un Fondo Nacional del Agua.  

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En estos detalles es donde se debe notar el “cambio”, evitando burocratizar o hacer más engorrosa la gestión del agua en todos sus campos y, al contrario, hacer más efectivas las instancias para lograr el loable objetivo de luchar contra el cambio climático y honrar el principio de justicia social y ambiental que el territorio reclama. En estos detalles está la inteligencia del legislador y el responsable de la política pública (Gobierno Nacional) o sino seguiremos haciendo girar el “trompito de poner”.