Las Instituciones Educativas no son ajenas a esta situación, se evidencia a través de investigaciones, entrevistas y diálogos informales con docentes y otros miembros de la comunidad educativa que el consumo, porte y tráfico se ha tomado el interior de los establecimientos educativos en el departamento, convirtiéndose en una problemática que se agudiza con el pasar de los días.  En estos momentos son apetecidas por los traficantes de drogas quienes tienen una población masiva cautiva en un espacio relativamente pequeño y más de 6 horas diarias para poder comercializar su producto.

En esta problemática en muchas ocasiones se persigue a uno de los eslabones más débiles de la cadena que es el consumidor, el cual está catalogado por las leyes colombianas como un sujeto que requiere atención médica por convertirse en un problema de salud y no de judicialización. Esto no quiere decir que un estudiante que consuma sustancias psicoactivas pueda hacerlo al interior de las Instituciones o que induzca a otros a iniciar el camino del consumo, la política contra las drogas en  Colombia  es clara y menciona que los menores de edad no pueden consumir, pero la realidad es otra. He encontrado casos donde el rector, coordinadores, docentes se convierten en policías investigadores y jueces,  roles que desgastan diariamente la vida institucional  y no permiten tener el tiempo para pensarse la situación desde una mirada pedagógica.

En la actualidad ésta situación de consumo al interior de las Instituciones Educativas quedó como un problema de convivencia descrito procedimentalmente en el nuevo código de Policía, el cual ellos deben actuar en articulación con la Institución y abordarse pedagógicamente por las establecimiento educativos  con programas de prevención de largo alcance en el tiempo con enfoque empírico, en pocas palabras que esté comprobado que sirve, teniendo en cuenta la edad de los estudiantes y una caracterización por grados para determinar la especificidad del programa. En estos momentos los programas no son programas si no acciones desarticuladas que desarrollan varios sectores de los municipios  que solo llegan a recoger firmas y algunas fotografías como evidencias, sin evaluar realmente el objetivo de la intervención. En otras realizan festivales en todo el sentido de la palabra con bombas y platillos que solo deja material para reciclar después de los eventos pero que el impacto sobre la problemática es nula o casi nula.  

La propuesta es abordar este fenómeno de consumo al interior de las Instituciones Educativas desde la atención pero pedagógicamente, al mantenimiento del estudiante en el sistema educativo con flexibilidad curricular por condiciones especiales previa certificación por el personal médico, orientación familiar al fortalecimiento de la autoridad en el hogar, entre otras y seguimiento respectivo. Igualmente debe acompañarse con actividades de prevención del delito por parte de las autoridades competentes que permita un acercamiento desde el control y aumente la percepción de seguridad en los entornos escolares y sobre todo con programas de prevención estructurados dirigidos a padres, docentes, estudiantes con enfoque de ciclo vital, poblacional y una sentida tarea de co - construcción de protocolos en cada Municipio para el abordaje integral del fenómeno de sustancias psicoactivas dentro de los establecimientos educativos de nuestro departamento.

Por Óscar Javier Arciniegas Garzón