La Primera Dama de la Nación, Verónica Alcocer, se encuentra en medio de la polémica debido a un informe periodístico que detalla los gastos generados durante sus viajes, incluyendo la presencia de un estilista personal, asesora, comunicadora y fotógrafo. Desde la oficina de Prensa de la Presidencia se ha defendido la posición argumentando que Alcocer cumple una "función social" autorizada para tareas protocolarias y liderar iniciativas en asistencia social.

No obstante, se plantea una distinción entre la Primera Dama de la Nación y las Primeras Gestoras Sociales de los departamentos y municipios del país. La Red de Gestores Sociales, establecida en 1999, surge como un medio para organizar el poder de movilización y convocatoria de los cónyuges de gobernadores y alcaldes, destinados a la labor de voluntariado y gestión de programas sociales en beneficio de las poblaciones más vulnerables.

Al revisar la página web del departamento de la Función Pública, surge la pregunta sobre la legalidad de que los empleados públicos tengan como función el apoyo administrativo y la asistencia en las actividades que la primera dama "estime conveniente emprender". Se plantea la preocupación de permitir que estos servidores ejerzan actividades basadas en el libre albedrío de un particular, sin cumplir con principios mínimos de legalidad y competencia.

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Se destaca que la "primera dama" o "gestora social" no ostenta el carácter de servidor público, aunque puede continuar cumpliendo actividades propias de su rol como cónyuge de la primera autoridad administrativa, como colaborar en tareas protocolarias y tener iniciativas en asistencia social y labores de beneficencia pública. Sin embargo, se cuestiona la necesidad de crear dependencias administrativas con recursos financieros, materiales y humanos para respaldar estas funciones. La discusión sobre el papel de las Primeras Gestoras Sociales sigue abierta, y la controversia actual destaca la importancia de revisar y clarificar estas funciones en el contexto de la Función Pública.