Nación
La USO denuncia intento de la DIAN de estrangular financieramente a Ecopetrol
La USO señala que decisiones de esta magnitud deberían ser debatidas en escenarios institucionales como el Congreso de la República.
La Unión Sindical Obrera, USO acusó a la DIAN de poner en riesgo la estabilidad financiera de Ecopetrol. Según un comunicado emitido por la Junta Directiva Nacional de la USO, la DIAN está exigiendo el pago de 9,4 billones de pesos a través de tres Requerimientos Especiales Aduaneros, fundamentados en el cobro de IVA del 19% sobre la gasolina que la empresa importó para abastecer el país entre 2022 y 2024.
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Del monto exigido, $6,1 billones corresponderían a Ecopetrol, $1 billón a la Refinería de Cartagena y $2,3 billones a terceros. La USO argumenta que esta decisión se basa en una interpretación arbitraria y errónea del Estatuto Tributario, que considera como sujetos pasivos del IVA a los importadores de combustibles, sin tener en cuenta que en este caso se trata de productos regulados por el Estado.
El sindicato advierte que esta medida puede afectar seriamente las finanzas de Ecopetrol y la seguridad energética nacional. Además, señala que decisiones de esta magnitud deberían ser debatidas en escenarios institucionales como el Congreso, y no impuestas por una interpretación administrativa unilateral.
Según el comunicado, la USO sostiene que esta actuación de la DIAN es parte de un patrón de hostigamiento contra el sector petrolero estatal y que sus implicaciones podrían extenderse a más de 521 bienes pertenecientes a Ecopetrol, la Refinería de Cartagena y la empresa de transporte de hidrocarburos Cenit.
La organización también cuestiona la falta de claridad en la posición del Gobierno frente a esta disputa y exige una definición política que respalde a la petrolera nacional en lugar de “asfixiarla tributariamente”.
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Finalmente, la USO solicitó al Congreso, al Ministerio de Hacienda y a la opinión pública en general, pronunciarse frente a lo que considera una amenaza contra la viabilidad de Ecopetrol y una política que, en su criterio, favorece la privatización del sector energético.
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