A partir de esta semana, el Gobierno Nacional iniciará el bloqueo definitivo de la señal de telefonía móvil en los centros penitenciarios de Colombia. La instrucción, impartida a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), surge como una respuesta radical para desmantelar las redes de extorsión y estafa que operan desde el interior de las prisiones. Según el ministro de Justicia, Andrés Idárraga Franco, la implementación será progresiva y no aceptará más dilaciones técnicas, enfatizando que es imperativo terminar con la conectividad ilegal que persiste en el sistema.

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La decisión se fundamenta en el uso masivo de dispositivos de contrabando, herramientas principales de estructuras criminales para intimidar a comerciantes y ciudadanos. Durante un acto en la cárcel La Modelo, el jefe de la cartera de Justicia subrayó que esta política de choque busca recuperar el control de los establecimientos y garantizar la seguridad pública. El plan incluye, además, un refuerzo en los protocolos de vigilancia interna para impedir que nuevos equipos sigan ingresando a los pabellones tras el apagón tecnológico.

No obstante, la medida ha generado reacciones divididas. Mientras sectores ciudadanos y gremios económicos respaldan la iniciativa para reducir los índices de criminalidad, defensores de derechos humanos advierten que un bloqueo total podría aislar a los internos de sus abogados y familias. Por ello, se ha solicitado la creación de protocolos claros que garanticen comunicaciones legítimas y supervisadas, evitando que la restricción tecnológica vulnere derechos fundamentales de la población carcelaria.

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El impacto de esta medida es especialmente esperado en regiones críticas como el Tolima. La cárcel de Picaleña, en Ibagué, se ha consolidado como uno de los focos de mayor preocupación nacional, no solo por el alto volumen de llamadas extorsivas, sino por el auge de los llamados "brujos". Estos internos estafan a víctimas incautas mediante promesas de sanación y prosperidad, operando con total libertad desde sus celdas. Con el bloqueo de la señal del celular, el Gobierno colombiano espera silenciar estos centros de operación que han convertido el engaño en un lucrativo negocio criminal.