Por: Edgardo Ramírez Polanía

El milagro es la irrupción de lo inexplicable en el orden visible del mundo. Pero cuando esa palabra pasa de la intervención directa de la divinidad a la política, deja de ser misterio y se vuelve responsabilidad pública, mandato democrático y promesa de lo extraordinario, que solo adquiere grandeza si se convierte en justicia real para todos los ciudadanos.

Colombia acaba de vivir una nueva expresión de su democracia. El pueblo, con la fuerza silenciosa del voto, eligió a Abelardo de la Espriella como presidente de la República, en una contienda intensa que reflejó las esperanzas, los temores, las diferencias y las urgencias de una nación plural. Ese resultado debe ser recibido con respeto institucional, con serenidad republicana y con la conciencia de que, después de las elecciones, la patria no puede seguir dividida entre vencedores y vencidos.

Ningún proyecto político logra arraigo si no interpreta, aunque sea parcialmente, una angustia nacional.

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La candidatura de Abelardo de la Espriella, bajo la consigna de la “Patria Milagro”, parece haber captado un estado de ánimo profundo en el cansancio de un país fatigado por la inseguridad, la corrupción, la pobreza, el desorden institucional, la lentitud del Estado, la crisis de la salud por los abusos y desvíos que han golpeado ese sector, y la ausencia de autoridad en extensas regiones del territorio. Ese deterioro, debe decirse con claridad, no pertenece exclusivamente a un gobierno determinado, sino a una larga cadena de errores, omisiones y fracasos acumulados durante décadas de vida republicana.

Allí radica su fuerza inicial. Promete orden donde hay miedo, crecimiento donde hay estancamiento, castigo donde hay impunidad, eficiencia donde hay burocracia, tecnología donde hay atraso y autoridad donde muchos colombianos han sentido abandono. No sería serio, ni intelectualmente honrado, descalificar de entrada una propuesta que habla de seguridad, conectividad, lucha contra la corrupción, modernización tributaria, educación tecnológica, formación de mujeres en economía digital, compra directa de productos campesinos, titulación de tierras, acceso a vivienda, recuperación energética y fortalecimiento del sistema de salud.

Toda democracia madura debe examinar los programas de gobierno no con odio, sino con inteligencia; no con gritos de barricada, sino con el rigor de quien sabe que detrás de cada promesa pública puede existir una oportunidad para corregir viejas deformaciones del Estado. Colombia necesita que el nuevo gobierno acierte. No por adhesión incondicional a una causa política, sino porque cuando un gobierno fracasa no fracasa solamente un presidente: sufren los hogares, se debilitan las instituciones, se paralizan las regiones y se aplaza la esperanza de millones de ciudadanos.

La alta política no consiste únicamente en celebrar la promesa, sino en acompañarla con vigilancia democrática, sentido social y respeto por el equilibrio institucional. La reflexión empieza justamente allí donde termina el entusiasmo electoral. Un programa puede ser ambicioso en sus enunciados y debe ser responsable en sus efectos; puede proclamar prosperidad y debe procurar que esa prosperidad no se concentre en pocas manos; puede ofrecer seguridad y debe hacerlo dentro del Estado de derecho; puede invocar eficiencia y debe cuidar que la modernización no disminuya la protección social; puede celebrar la libertad económica y, al mismo tiempo, recordar que la libertad de los débiles necesita reglas, oportunidades y presencia pública.

El problema no está en querer un país seguro, productivo y moderno. Colombia lo necesita con urgencia. La cuestión fundamental consiste en lograr que la seguridad fortalezca la convivencia, que la austeridad no se convierta en abandono, que la reducción de trámites no debilite derechos, que el mercado dinamice la economía sin sustituir la responsabilidad social del Estado, y que la velocidad del cambio no deje atrás a quienes siempre han caminado más lento porque la historia les negó escuela, crédito, tierra, salud, conectividad y oportunidades.

Colombia no es una hoja en blanco. Es una nación atravesada por desigualdades antiguas. Aquí la pobreza no es únicamente escasez de dinero; es la carretera que no llega, la escuela incompleta, el hospital distante, la tierra sin título, el crédito imposible, el agua insuficiente, la conectividad precaria, el trabajo informal, la justicia lenta y el miedo cotidiano.

Por eso, cualquier programa que prometa crecimiento acelerado, alivios tributarios al sector empresarial, ajuste fiscal, eliminación o fusión de entidades y disminución de cargas regulatorias debe responder una pregunta moral antes que técnica: ¿ese crecimiento descenderá hasta el hogar humilde o se quedará arriba, en los balances de quienes ya tienen la maquinaria económica para aprovecharlo?

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La economía enseña que sin crecimiento no hay prosperidad sostenible. Pero la historia social enseña que el crecimiento, por sí solo, no redime a los pueblos. Puede crecer el producto interno bruto y permanecer intacta la desigualdad. Puede aumentar la inversión y continuar excluido el campesino. Puede modernizarse la administración tributaria con inteligencia artificial y, al mismo tiempo, persistir un país partido entre los conectados y los olvidados. Puede instalarse tecnología de trazabilidad en la contratación pública y subsistir, bajo nuevas formas, la vieja habilidad de los intermediarios. La tecnología puede dejar huellas, pero no sustituye la ética; puede ordenar datos, pero no garantiza justicia; puede acelerar procesos, pero no reemplaza la presencia humana del Estado.

La reforma del Estado, presentada como una forma de combatir la burocracia, merece especial ponderación. Colombia sí necesita un Estado menos paquidérmico, menos capturado por clientelas, menos humillante para el ciudadano, menos inclinado a convertir cada trámite en una penitencia. Pero una cosa es adelgazar la burocracia inútil y otra muy distinta debilitar los órganos que sostienen derechos esenciales.

El Estado colombiano ha sido ineficiente muchas veces; sin embargo, allí donde se retira por completo suelen llegar otros poderes: el grupo armado, la economía ilegal, el contratista voraz, el terrateniente abusivo, el usurero, el intermediario político o el caudillo local. En los territorios abandonados, el vacío nunca permanece vacío. Siempre alguien lo ocupa.

La seguridad, uno de los ejes centrales del nuevo mandato, responde a un clamor comprensible. La extorsión, el narcotráfico, el secuestro, el microtráfico, las bandas criminales y la intimidación territorial han quebrado la tranquilidad de millones de colombianos. El ciudadano común quiere autoridad, y tiene derecho a exigirla. El comerciante extorsionado, el campesino amenazado, la madre que teme por sus hijos, el conductor que atraviesa una carretera insegura, el joven reclutado por estructuras ilegales y el barrio sometido por bandas no pueden seguir esperando discursos abstractos mientras la violencia decide por ellos.

Pero la autoridad democrática se engrandece cuando actúa dentro de la ley, protege al inocente, castiga al culpable y recupera el territorio con legitimidad. El orden duradero no nace solamente del miedo a la sanción, sino de la confianza en las instituciones. Si el Estado llega con fuerza pública, pero también con jueces, maestros, médicos, vías, crédito rural, empleo, cultura y oportunidades, no solo ocupa un territorio: lo reconcilia con la nación. Esa debe ser una de las grandes tareas del nuevo gobierno: combatir la delincuencia armada con firmeza, pero también cerrar las puertas sociales por donde la ilegalidad recluta la desesperanza.

La paz no puede ser ingenuidad frente al crimen. Pero la autoridad tampoco debe convertirse en una épica de confrontación perpetua. Una sociedad que solo castiga y no integra termina administrando cárceles, no ciudadanía. Las cárceles pueden ser necesarias para proteger a la comunidad del delito; sin embargo, llegan tarde cuando la escuela fracasó, cuando el barrio fue abandonado, cuando el joven no encontró empleo, cuando el campesino quedó atrapado entre la economía ilegal y la miseria, cuando la familia perdió toda esperanza de ascenso social. La alta política no consiste solo en castigar al culpable, sino en impedir que la desesperanza se convierta en fábrica de culpabilidad.

En el campo, las propuestas de compra directa a pequeños productores, incorporación de nuevas hectáreas, generación de empleo rural, formación de jóvenes emprendedores y titulación masiva de tierras contienen una intuición valiosa: Colombia debe volver la mirada hacia la tierra. No como escenario eterno de guerra, sino como fuente de dignidad, producción y arraigo. Sin embargo, el campo colombiano no necesita otra forma elegante de subordinación. La alianza entre empresa privada y sector rural solo será justa si el campesino entra en ella no como peón modernizado, sino como propietario, asociado, sujeto de crédito, titular de derechos, beneficiario de asistencia técnica y partícipe real del valor agregado. Tener tierra sin vías, sin riego, sin crédito, sin mercado y sin seguridad jurídica es como tener una llave sin puerta.

La reforma rural verdadera no se mide únicamente por hectáreas incorporadas ni por cifras de empleo anunciadas. Se mide por la posibilidad concreta de que una familia campesina pueda vivir de su trabajo sin ser expulsada por la violencia, la deuda, el intermediario o el abandono. Si la tierra se titula, pero no se acompaña de condiciones productivas y de defensa frente a los abusos, el título puede terminar convertido en un papel solitario frente a la fuerza desigual del mercado y los estafadores. Y si las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes no son escuchadas con respeto, cualquier política territorial puede derivar en una nueva forma de exclusión. La paz del campo no es propiedad de un gobierno en particular: es una necesidad de la nación.

En materia de salud, resulta plausible hablar de vigilancia a las EPS, revisión periódica del manejo de los recursos, acceso oportuno a medicamentos, protección a pacientes crónicos, salud a domicilio y lucha contra la corrupción contractual. Nadie sensato podría oponerse a que los dineros de la salud sean protegidos con severidad. Colombia necesita que los recursos destinados a la vida no terminen extraviados en redes de intermediación, abuso o negligencia. La salud no es una mercancía cualquiera: es el lugar donde la dignidad humana se encuentra con la obligación moral del Estado.

La libertad de elección es un principio respetable. Nadie pretende que el Estado trate al ciudadano como menor de edad. Pero la salud pública también es un deber de la comunidad organizada. Una política seria debe equilibrar libertad, prevención y responsabilidad social. En una sociedad desigual, las decisiones de consumo no siempre son plenamente libres: están condicionadas por ingreso, educación, publicidad, disponibilidad de alimentos y hábitos familiares. Por eso, el país necesita una visión que proteja al ciudadano sin humillarlo, que eduque sin imponer, que prevenga sin perseguir y que financie con responsabilidad los costos de la enfermedad.

En educación, las propuestas de computadores gratuitos, conectividad, universidad virtual, inteligencia artificial, robótica, computación cuántica, ciclos cortos y formación digital responden al lenguaje del siglo XXI. Colombia no puede permanecer atada a la nostalgia del tablero y la tiza mientras el mundo avanza hacia economías tecnológicas. Pero la tecnología puede ser puente o abismo. Un computador sin maestro preparado, sin conectividad estable, sin lectura crítica, sin alimentación escolar, sin biblioteca y sin hogar con condiciones mínimas puede convertirse en un símbolo vacío.

La educación digital no debe reemplazar la formación humanista. Un país puede enseñar a sus jóvenes a programar máquinas, pero si no les enseña ética, historia, ciudadanía, compasión y pensamiento crítico, terminará fabricando eficiencia sin conciencia.

La formación de mujeres en áreas STEM, economía digital y cuidado profesional tiene un valor social indiscutible. Colombia mantiene una deuda profunda con las mujeres, especialmente con aquellas que sostienen hogares, cuidan niños, atienden enfermos, acompañan adultos mayores y realizan labores invisibles sin reconocimiento económico ni simbólico. Profesionalizar el cuidado debe significar dignificarlo, remunerarlo, redistribuirlo y reconocerlo como una actividad esencial para la vida social. La política moderna no puede limitarse a cambiar el lenguaje de la desigualdad: debe modificar sus estructuras.

En energía, la recuperación de la soberanía energética, la reactivación de sectores productivos y la discusión sobre hidrocarburos plantean un debate que no admite simplismos. Colombia necesita energía, empleo, divisas e ingresos fiscales. No puede apagar de un día para otro su aparato productivo ni saltar al vacío en nombre de una transición improvisada. Pero tampoco puede ignorar el desafío ambiental de nuestro tiempo. El verdadero reto consiste en diseñar una transición responsable que no sacrifique ni a los trabajadores ni a los ecosistemas; una transición que combine productividad, ciencia, consulta territorial, protección del agua y responsabilidad con las generaciones futuras.

La política anticorrupción basada en trazabilidad, inteligencia artificial y seguimiento contractual puede ser un avance si se ejecuta con seriedad. Colombia necesita que el contrato público deje de ser botín y vuelva a ser instrumento de servicio. Pero la corrupción no es solo un problema de plataformas. Es una cultura de captura, financiación política, favores cruzados, clientelismo, silencios comprados y complicidades institucionales. La tecnología puede registrar operaciones, pero no reemplaza la independencia judicial, los órganos de control autónomos, la prensa libre ni la ciudadanía vigilante. Sin ética pública, el gobierno puede terminar siendo apenas una vitrina luminosa sobre una práctica antigua.

El ajuste fiscal y la reducción de cargas al sector productivo también exigen una reflexión de fondo. La disciplina fiscal es necesaria. Ningún Estado puede gastar sin límite ni endeudarse irresponsablemente. Pero en una nación desigual, el ajuste debe medirse no solo por su impacto contable, sino por su efecto humano. Si la depuración de subsidios mediante cruces de bases de datos evita abusos, cumple una función legítima. Pero si se aplica con rigidez excesiva puede expulsar de la protección pública a hogares pobres mal clasificados, trabajadores informales, adultos mayores solos, madres cabeza de hogar o campesinos sin actualización documental. En Colombia, muchas veces el pobre no solo carece de ingresos; carece también de papeles, conexión, defensa técnica y capacidad para hacerse escuchar.

La idea de un país de propietarios, con créditos de vivienda a bajo interés y largo plazo, toca una fibra noble de la sociedad colombiana. La casa propia es mucho más que un activo: es arraigo, seguridad, memoria familiar y dignidad. Pero una política de vivienda no puede evaluarse únicamente por la generosidad aparente del crédito. Debe preguntarse quién califica, quién tiene ingreso formal, quién puede sostener las cuotas, dónde se construye, con qué servicios públicos, con qué transporte, con qué colegios, con qué hospitales y con qué espacio urbano. Si la propiedad se vuelve promesa solo para la clase media formal y permanece distante del trabajador informal, del joven endeudado, del campesino pobre y de la familia desplazada, el sueño puede convertirse en otro espejo de desigualdad.

El núcleo del debate no consiste, entonces, en negar virtudes al programa del presidente electo ni en convertir el análisis democrático en descalificación. La democracia se degrada cuando el examen de los hechos es reemplazado por el prejuicio. Lo que corresponde es desear que las propuestas de orden, mercado, tecnología, austeridad y autoridad se traduzcan en resultados concretos, pero también recordar que esos resultados serán más sólidos si están acompañados de justicia social, protección pública, diálogo territorial y sensibilidad hacia los sectores más vulnerables.

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Colombia necesita seguridad, sí; pero con derechos. Necesita crecimiento, sí; pero con distribución. Necesita eficiencia estatal, sí; pero sin abandono social. Necesita inversión privada, sí; pero sin convertir al Estado en espectador de la desigualdad. Necesita tecnología, sí; pero no como sustituto de la dignidad humana. Necesita autoridad, sí; pero una autoridad republicana, no una dramaturgia permanente de fuerza. Necesita mercado, sí; pero con reglas que impidan que la libertad de los poderosos se convierta en indefensión de los débiles.

Los colombianos esperan confiados que este nuevo tiempo político no sea una estación de revancha, sino una oportunidad de armonía nacional. Esperan que la victoria electoral se convierta en responsabilidad de Estado; que la autoridad se ejerza sin soberbia; que el crecimiento no olvide al pobre; que la seguridad no ignore la raíz social del delito; que la lucha contra la corrupción no distinga entre amigos y adversarios; y que la delincuencia armada, que tanto daño ha causado a la República, encuentre un Estado firme, legítimo y presente.

La política superior no se mide por la intensidad del aplauso, sino por la serenidad de sus consecuencias. Un pueblo puede emocionarse con la palabra milagro, pero tiene derecho a esperar que ese milagro no sea una metáfora de campaña, sino una realidad visible en la vereda, en el hospital público, en la escuela rural, en la mujer cuidadora, en el joven sin empleo, en el campesino sin crédito, en el enfermo crónico, en el barrio extorsionado, en el anciano sin pensión suficiente y en la familia que todavía espera que la patria no sea una bandera lejana sino una presencia concreta.

Porque Colombia no se salva únicamente con mano dura, ni solamente con mercado, ni solamente con tecnología, ni solamente con discursos de grandeza. Colombia se salva cuando el poder entiende que gobernar no es vencer a media nación, sino equilibrar sus dolores. Y ese equilibrio, más que un programa, es una virtud de Estado: la virtud de no olvidar que detrás de cada cifra hay una vida, detrás de cada ajuste hay un hogar, detrás de cada promesa hay una esperanza, y detrás de cada milagro anunciado debe existir una justicia visible para quienes siempre han esperado como la mejor forma de querer a Colombia.