Cortolima ordenó suspender, desde el 15 de octubre de 2026, la disposición final de residuos sólidos en los sectores del relleno sanitario Pacandé de Natagaima donde identificó presuntas irregularidades ambientales, según la Resolución 6536 de 2026.

La medida se produjo después de las denuncias presentadas por los congresistas del Pacto Histórico Laura Ahumada y Marco Hincapié, quienes adelantaron acciones de control político sobre la operación del relleno.

Entre los hallazgos señalados en la resolución están las deficiencias en el manejo de lixiviados —líquidos generados por la descomposición de los residuos—, la presencia de residuos expuestos, procesos erosivos y el funcionamiento de piscinas de almacenamiento que no estarían incluidas en la licencia ambiental otorgada en 2010.

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Según los congresistas, parte del predio donde funcionan las piscinas de oxidación tampoco estaría cubierta por dicha licencia.

Espunat tendrá 90 días para modificar la licencia

La resolución contempla un plazo de 90 días para que Espunat tramite la modificación de la licencia ambiental. Los congresistas pidieron a Cortolima mantener la medida preventiva hasta que se verifique técnicamente el cumplimiento de las condiciones exigidas y avanzar en las actuaciones sancionatorias que correspondan.

“Esta medida no puede entenderse como una concesión o un favor de Cortolima”, afirmó el representante Marco Hincapié, quien atribuyó la decisión a las denuncias de las comunidades indígenas, las veedurías ciudadanas y las juntas de acción comunal, así como a la presión institucional.

Piden una solución regional para la disposición de residuos

Los congresistas advirtieron que la suspensión plantea un desafío para la prestación del servicio de aseo, debido a que el relleno sanitario recibe residuos de varios municipios del sur del Tolima.

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Por ello, Hincapié solicitó a la Gobernación del Tolima convocar una mesa regional con los municipios usuarios, la comunidad de Natagaima y las autoridades competentes, además de destinar recursos para buscar alternativas de disposición final que eviten concentrar los impactos ambientales en un solo municipio.

También pidió que, durante el proceso de modificación de la licencia ambiental, se garantice la consulta previa con las comunidades indígenas presentes en la zona de afectación.

Los congresistas anunciaron que solicitarán al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Vivienda y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios acompañar la vigilancia de las medidas, evaluar alternativas para el manejo de lixiviados y contribuir a garantizar la continuidad del servicio de aseo.

Finalmente, Laura Ahumada pidió a la Contraloría y a la Procuraduría investigar las presuntas irregularidades relacionadas con el contrato mediante el cual se destinaron recursos públicos para la operación privada del relleno sanitario.