En la tarde del lunes 4 de agosto, el Tribunal Superior de Bogotá negó la suspensión provisional de la orden de detención domiciliaria inmediata que emitió la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Ese mismo día, el abogado Jaime Granados, defensor de Uribe, había radicado una acción de tutela para intentar tumbar la detención domiciliaria que emitió la juez Heredia en la misma sentencia que condenó al expresidente a 12 años por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

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En la acción de tutela, Granados incluyó la solicitud provisional para detener cuanto antes la orden de detención domiciliaria. Por sorteo, la tutela le correspondió al magistrado Ramiro Riaño. Sin embargo, por encontrarse de vacaciones, la solicitud provisional quedó en manos del magistrado Leonel Rogeles Moreno, quien ese mismo lunes emitió un auto de cinco páginas en el que negó la solicitud.

"No existen motivos para que, en este estadio del proceso de tutela, se suspenda la orden dictada por la autoridad judicial accionada: máxima que, salvo la inconformidad del acto con la decisión judicial, por el momento ninguna irregularidad se advierte que sea del calado necesario para estimar una afectación relevante a los derechos fundamentales del prenombrado", reza el fallo.

Dicho fallo fue emitido por el magistrado Leonel Rogeles Moreno, oriundo del Líbano, Tolima. "No decretar la medida provisional solicitada por el apoderado del ciudadano Álvaro Uribe Vélez. Comunicar al accionante y a su apoderado esta decisión por el medio más expedito y eficaz, y advertir que en su contra no proceden recursos", ordenó el magistrado tolimense.

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Tras regresar de su periodo de vacaciones, el magistrado Ramiro Riaño deberá resolver la acción de tutela con un fallo de fondo. En esa instancia podría tumbar la detención domiciliaria y dejar a Uribe en libertad mientras llega el fallo de segunda instancia por parte del Tribunal.

En febrero del presente año, Riaño ya se había declarado impedido para conocer y decidir sobre la acción de tutela que en ese momento interpuso la defensa de Uribe Vélez contra la juez Heredia.

Lo hizo porque, en el año 2013, su compañera sentimental fue nombrada como fiscal local en provisionalidad en el municipio de Zipaquirá (Cundinamarca), época en la que el fiscal general era Luis Eduardo Montealegre, reconocido como víctima en el proceso contra el expresidente Uribe.