La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) calificó como genocidio el ataque sistemático contra la Unión Patriótica U.P. y profirió imputación de responsabilidad penal contra cinco altos mandos retirados del Ejército por su participación en la destrucción del partido político entre 1984 y 2016.

Según la Sala de Reconocimiento de Verdad, los generales en retiro Iván Ramírez Quintero —excomandante de la Primera División— y Rito Alejo del Río Rojas —excomandante de la Brigada 17—, junto con los coroneles Jorge Luis Mejía Rojas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez Pérez, actuaron como coautores en el despliegue de prácticas que facilitaron y alentaron el exterminio del movimiento.

• Puede leer: Gobierno Nacional pide perdón por el genocidio de la Unión Patriótica

La JEP concluyó que existió la intención deliberada de destruir a la Unión Patriótica, por lo que renombró el Caso 06 como Genocidio contra el Partido Político Unión Patriótica, una decisión sustentada en el artículo 101 del Código Penal Colombiano. Además, calificó los hechos como crímenes de guerra, homicidio en persona protegida, y crímenes de lesa humanidad, entre ellos exterminio, deportación, traslado forzoso y otros actos inhumanos.

El tribunal documentó al menos 8.924 víctimas, de las cuales 5.700 militantes fueron asesinados o desaparecidos. También registró torturas, detenciones arbitrarias, judicializaciones infundadas, violencia sexual y persecución contra toda la estructura del partido. El ataque incluyó el asesinato de dos candidatos presidenciales, seis parlamentarios, 17 alcaldes y 165 concejales, además de numerosos líderes sociales.

• Además: Corte IDH condena al Estado colombiano por genocidio de la Unión Patriótica

Una parte sustantiva del genocidio se concentró en las regiones donde la U.P. alcanzó su mayor fuerza electoral: Urabá, Meta, Magdalena Medio, así como en el noroccidente antioqueño, Putumayo, sur del Tolima, Arauca y Bogotá.

La Sala determinó que la estigmatización de la U.P. como supuesto brazo político de las Farc fue el primer mecanismo que habilitó su aniquilación, una conclusión que confirma judicialmente lo que habían señalado la Comisión de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Con esta decisión, la JEP abre un nuevo capítulo de responsabilidad penal sobre uno de los episodios más graves de violencia política en la historia reciente de Colombia.