Después de más de dos décadas de litigio, la Fábrica de Licores del Tolima obtuvo una decisión favorable en un proceso que amenazaba sus finanzas. El Consejo de Estado revocó la condena que le había impuesto el Tribunal Administrativo del Tolima y que obligaba a la empresa a pagar cerca de $53.850 millones a la Unión Temporal Caesca & Licorsa.

La controversia se originó en una licitación adelantada en 2001 para escoger al distribuidor de bebidas de la licorera, entre ellas el aguardiente Tapa Roja. En ese entonces, Guillermo Alfonso Jaramillo era gobernador del Tolima y el contrato fue adjudicado a Representaciones Continental S. A., firma que estuvo a cargo de la distribución entre 2001 y 2007.

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Caesca & Licorsa, que participó en el proceso sin resultar seleccionada, cuestionó la objetividad de la adjudicación y acudió a la justicia para reclamar una compensación por las ganancias que, según argumentó, habría obtenido si se hubiera quedado con el contrato.

La unión temporal calculó inicialmente sus perjuicios en unos $14.600 millones. Con la actualización monetaria y los intereses, la reclamación ascendió a aproximadamente $54.000 millones.

El 31 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo del Tolima falló a favor de la demandante y fijó una indemnización de $53.850 millones. La suma se distribuyó en $16.083 millones por utilidades esperadas, $19.651 millones por actualización monetaria, $11.161 millones en intereses liquidados hasta abril de 2017 y otros $6.958 millones por el interés técnico legal del 6% acumulado posteriormente.

Sin embargo, al revisar el caso, el Consejo de Estado revocó esa decisión al concluir que no estaba demostrada la cuantía de los perjuicios reclamados. De esta manera, la licorera quedó eximida de asumir la millonaria obligación fijada en primera instancia.

El desenlace es relevante para las finanzas de la empresa. Durante 2025, la Fábrica de Licores del Tolima registró ventas cercanas a $26.963 millones y transfirió alrededor de $16.644 millones a la Gobernación para financiar sectores como salud, educación y deporte. Un pago de esa magnitud habría representado una presión considerable sobre sus recursos.

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La decisión se conoce durante la gerencia de Jesús Carvajal Duque, quien regresó a la dirección de la licorera en 2026 por designación de la gobernadora Adriana Magali Matiz. Carvajal también estuvo al frente de la Fábrica de Licores de Antioquia durante el segundo periodo de Óscar Barreto Quiroga como gobernador del Tolima, entre 2016 y 2019, y es identificado con el sector conservador cercano al exmandatario.

Matiz justificó su nombramiento por la necesidad de contar con experiencia gerencial para impulsar la estrategia comercial de la empresa ante los cambios en los hábitos de consumo.

Con el fallo del Consejo de Estado, la licorera evita una obligación millonaria derivada de una licitación realizada hace más de 20 años.