Columnistas
El PAE en el Tolima: Entre la desinformación y la falta de voluntad política
Por: Martha Alfonso Jurado
*Representante a la Cámara por el Tolima
En los últimos días, la Unidad Administrativa de Alimentación Escolar (UAPA) y el Ministerio de Educación han presentado información precisa sobre el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Tolima. Los datos son categóricos: el Gobierno Nacional ha cumplido con los giros, ha incrementado en un 62% los recursos entre 2022 y 2024 y ha proyectado un billón adicional para el programa a nivel nacional, si prospera la Ley de Financiamiento.
A pesar de ello, en nuestro departamento más de 77 mil niños y niñas se quedaron sin alimentación escolar durante seis días y la Secretaría de Educación Departamental argumenta que los recursos alcanzan hasta la primera semana de octubre.
La Gobernación insiste en que el PAE está desfinanciado por la ausencia de recursos nacionales. Sin embargo, los registros oficiales muestran lo contrario: los giros han ido en aumento progresivo y los desembolsos se hicieron al departamento del Tolima. Más aún, la Secretaría de Educación del departamento, conocía desde enero el monto exacto con el que contaba para 2025 y, aun así, no presentó un plan financiero oportuno ni consistente.
Mientras el Gobierno nacional ha aumentado de manera sostenida su participación en la financiación —del 76,6% en 2022 al 81% en 2025—, la participación de la Gobernación cayó del 23,4% al 19%. Esto desmonta la narrativa de la “desfinanciación nacional” y refleja una clara falta de voluntad política para garantizar el aporte territorial que le corresponde.
El debate ha dejado en evidencia que los argumentos del Secretario de Educación del Tolima son débiles y carentes de sustento técnico frente a lo ventilado por el Ministerio de Educación. Justificar la falta de recursos en agosto con sobrecostos en zonas de difícil acceso es improcedente, pues se trata de una condición estructural y previsible del programa que debía contemplarse en la planeación.
Tampoco resulta convincente alegar que la Reforma Laboral encareció la ración, ya que los mayores incrementos se produjeron entre 2023 y 2024, cuando el almuerzo preparado en sitio pasó de $6.805 a $8.176 (20,1%) y la ración industrial de $5.640 a $6.690 (18,6%), todo esto antes de la entrada en vigencia de dicha reforma.
En contraste, en 2025 —cuando la Reforma Laboral sí aplica— los incrementos fueron mucho más moderados: apenas 2,6% en el almuerzo y 6,5% en la ración industrial, lo cual demuestra que ni la inflación ni los cambios normativos explican saltos de esa magnitud. El verdadero problema radica en la forma como la Gobernación contrató la operación del programa, privilegiando a grandes operadores que encarecen las raciones sin ampliar la cobertura ni beneficiar al campesinado.
Hemos insistido a la Gobernación y al PAE que desarrollen una estrategia de compra directa a los productores locales en cada municipio, pero hasta el momento ha sido imposible que esto se implemente: la estrategia de compras públicas de la que tanto hemos hablado.
El Tolima paga raciones muy por encima del promedio nacional —$8.395 frente a $6.000— sin que ello se traduzca en mayor cobertura ni en la inclusión de productores rurales; por el contrario, la Gobernación y el operador del PAE mayoritario presentó como cumplimiento de la Ley 2046 o Ley de Compras Públicas, a cuatro grandes distribuidores, desnaturalizando por completo el espíritu de la norma que es compra directa a los campesinos.
La crisis del PAE en el Tolima no es técnica, es política. Es la expresión de una falta de voluntad para planear con rigor, ejecutar con transparencia y cumplir la Ley de Compras Públicas. Pero también puede convertirse en una oportunidad: la de transformar el modelo de operación y devolverle al programa su esencia social.
Se requiere un esquema en el que las Juntas de Acción Comunal, las organizaciones productivas locales y las madres de familia participen activamente en la gestión y ejecución, garantizando alimentos propios de la región, oportunidades de ingreso para las mujeres campesinas y control social en los territorios.
El Gobierno nacional ha hecho su parte: los recursos están sobre la mesa. Corresponde ahora a la Gobernación asumir su responsabilidad, dejar de lado la desinformación y comprometerse con un PAE transparente, eficiente y verdaderamente territorial. El futuro de la niñez tolimense no puede seguir hipotecado por excusas administrativas o por la comodidad de los intermediarios.
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