Un despacho judicial del Tolima emitió una decisión formal al comprobar que una entidad promotora de salud desatendió durante meses las órdenes impartidas para garantizar derechos fundamentales. El caso se originó por la falta de entrega oportuna de tratamientos médicos especializados requeridos por un niño para atender su diagnóstico clínico, situación que motivó la intervención del veedor ciudadano del municipio de Líbano, Braulio Anaconia, quien acompañó el proceso hasta lograr que se cumpliera la medida judicial en favor del menor.

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La determinación se adoptó luego de evaluar un incidente de desacato radicado ante la administración de justicia por parte de los familiares del infante, quienes contaron con respaldo comunitario para exigir respuestas. Durante el análisis del expediente, el estrado comprobó que la promotora de salud fue notificada en debida forma y aun así persistió en la omisión de sus deberes constitucionales.

El pronunciamiento oficial detalla que la gerencia zonal desatendió los plazos establecidos para garantizar el suministro de insumos farmacéuticos y suplementos nutricionales indispensables para el bienestar del menor N.N.A.E. Ante este panorama, la judicatura recordó que las determinaciones de tutela son de obligatorio cumplimiento inmediato para evitar que los derechos fundamentales queden desprotegidos.

Como consecuencia directa de esta conducta procesal, la autoridad judicial impuso una medida correctiva que recae sobre la gerente zonal de la Nueva E.P.S. en el Tolima, Paola carolina Giraldo Parra. La sanción contempla cinco días de privación de la libertad que deberán cumplirse en el domicilio, además de una multa económica tasada en cinco salarios mínimos legales vigentes a favor del tesoro nacional.

El fallo enfatiza que los despachos judiciales mantienen su competencia activa hasta que se logre el restablecimiento total de las garantías conculcadas a los ciudadanos. Por esta razón, se ordenó compulsar copias y enviar las actuaciones correspondientes al superior jerárquico para que se surta el grado de consulta previsto en la normativa vigente.

Asimismo, el despacho giró las instrucciones pertinentes a las autoridades de policía para que ejecuten las directrices impartidas en la providencia una vez finalicen los trámites de revisión. Con este panorama, la decisión busca frenar las barreras administrativas que enfrentan cotidianamente los usuarios del sistema de salud en el territorio departamental.

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Este no es un hecho aislado para la representante legal de la entidad en la región, pues en el mes de agosto del presente año, la administración de justicia había emitido resoluciones similares en su contra por desatender fallos tutelares. Registros procesales previos evidencian que la funcionaria también fue sancionada por omitir la entrega de tratamientos vitales al ciudadano Sergio Guzmán Sánchez en el municipio de Suárez, lo que confirma una reincidencia en la vulneración de derechos en el departamento.

*Con información suministrada por el veedor ciudadano del municipio de Líbano, Braulio Anacona.