Los cuestionamientos que formula el concejal Correa tienen que ver con la alternancia y un contrato por valor de 842 millones de pesos.

Pregunta y cuestiona Correa sobre la entrega a destiempo de SIM cards a estudiantes y la Alternancia en Colegios para el 2021.

Dice Correa que la Secretaría de Educación entrega SIM cards cuando "no se usa" faltando solo 2 semanas para acabarse las clases y con poca capacidad. "Entregando por ello contrato de $842 millones". Muy pocos niños las han reclamado.

Agrega que "No hay claridad sobre los elementos de bioseguridad para la alternancia educativa que se anuncia. ¿quién los va a asumir? ¿Los Colegios? ¿los padres de familia?, pregunta el concejal Correa.

 Con respecto a la seguridad de los docentes, el concejal Correa se pregunta ¿Cómo se garantizará integridad y salud a profesores, sobre todo con preexistencias y mayores de 60 años? ¿En la aplicación de protocolos en Colegios, se le recargará esta labor sanitaria a los docentes?

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En cuanto a la conectividad también le indaga a la Secretaría de Educación ¿Cómo se va a garantizar buena conectividad a niños y niñas el año entrante?.

Pregunta también ¿Por qué no se trabaja en serio por ampliar más cupos para alimentación escolar PAE y que se haga verdadera veeduría para que sirva efectivamente para nutrición a los niñ@s y no a un negocio? 

Una situación que tiene en vilo a la comunidad estudiantil es la relacionada con la alternancia. Sobre este aspecto Correa pregunta "¿Quién va asumir la responsabilidad  por niños contagiados el año entrante, y Dios no lo quiera, fallecidos,* en caso de fallas en las políticas y protocolos de la alternancia? *¿responderá el Colegio? o ¿la secretaría de Educación y la Alcaldía?".

El concejal Rubén Darío Correa añade que no hay garantías de cumplir un regreso a la presencialidad con total tranquilidad, cuando el estado físico de la mayor parte de las edificaciones presentan alto deterioro. "En esas condiciones es difícil cumplir los protocolos de bioseguridad", asegura el concejal Correa.

Por último llama la atención en el sentido de que es necesario que se le Debemos exija a la Alcaldía de Ibagué la mayor responsabilidad en estas decisiones que tienen que ver con la vida de los niñ@s y jóvenes estudiantes.