En la Universidad de Ibagué está pasado algo grave. A las denuncias por acoso laboral y sexual que han sido ignoradas ahora se suman otras denuncias de irregularidades igualmente preocupantes. Y lo peor de todo, según parece, con el conocimiento de las directivas.

Las vigilantes acosadas

“Al momento de ingresar nos dijeron que íbamos a ser la otra cara bonita de la Universidad. Lastimosamente no fue así porque al poco tiempo nos vimos aplastadas.” La voz se le quiebra mientras mueve sus manos sin saber qué hacer. Ella es una de las vigilantes que sufrió el acoso y nos reservamos su nombre como de las demás personas para proteger las fuentes.

Cinco vigilantes que trabajaban en la Universidad de Ibagué se quejaron de haber sufrido acoso sexual y laboral, desde hace varios años. Presuntamente el acoso habría sido perpetrado por parte de Sein Marroquín, quien entonces se desempeñaba como supervisor. Él solo fue degradado de supervisor a vigilante, lo cual parece poco para las graves acusaciones que tiene en su contra.

Las mujeres en varias oportunidades reportaron los abusos a sus distintos jefes directos; sin embargo, sus acusaciones fueron ignoradas sistemáticamente. Incluso una de ellas interpuso una queja formal ante el comité de convivencia, quienes, después de no adelantar ninguna investigación disciplinaria en ocho meses ni de recoger los testimonios de las otras víctimas ni de los testigos de los abusos, decidieron hace un par de días cerrar el caso "por falta de pruebas", aun cuando estos hechos fueron dados a conocer a las directivas del plantel educativo mediante diversos informes.

Una de las vigilantes dice, mientras cruza las manos en un movimiento repetitivo: “Al inicio uno siente alegría por la estabilidad, la empresa es reconocida”. Ahora, después de varios años de trabajo en esa institución, algunas de ellas padecen problemas psicológicos luego de soportar presiones para acceder a insinuaciones sexuales, de ser objeto de burlas, apodos humillantes, desprecios y aislamiento.

Al parecer el acoso sería una consecuencia del machismo que revira al ver entrar mujeres a un trabajo que siempre ha sido de hombres. Muchas se quedan calladas por miedo a perder el trabajo, porque son cabezas de familia y de su empleo dependen sus hijos y padres, o bien, porque en sus vidas ha sido frecuente el bramido estrepitoso de los hombres agresivos.

Las vigilantes comenzaron a hablar de lo que les sucedía cuando otras mujeres, profesoras, psicólogas y profesionales en salud ocupacional comenzaron a notarlo y a intentar ayudarlas. Se hicieron talleres, se presentaron informes sustentados y se hicieron las denuncias ante las directivas. La respuesta de la Universidad de Ibagué fue la de despedir a las mujeres que osaron alzar la voz y manifestar su inconformidad con el manejo de esta situación. La lista de despedidas, al parecer por esta causa, es significativa: una psicóloga, la jefe de planta física, la profesional en salud ocupacional, una mujer de servicios generales quien fue presionada a renunciar, una vigilante y dos docentes. Las tres primeras llevaban cerca de dos décadas laborando en la institución. 

Hace unos días les avisaron a las vigilantes, excepto aquella que lleva una queja ante el Ministerio del Trabajo y una denuncia ante Fiscalía, de la terminación de su vinculación laboral con la institución. Al parecer les informaron que las llamarían para contratarlas de nuevo en enero próximo, cuestión que estará por verse.

Mientras las posibles víctimas y quienes las han apoyado son despedidas, el presunto acosador, Seín Marroquín, continúa trabajando como vigilante en la Universidad y no tiene ni un proceso de investigación disciplinaria en su contra.

Se comenta en la Universidad de Ibagué que los tratos preferenciales hacia el supervisor responden a una amistad entre su familia y los fundadores de la Universidad. Sea como sea, el comportamiento del exsupervisor ha dejado de ser poco ético para pasar a estar cerca de lo delictivo.

Dos docentes despedidas

La profesora Mónica Godoy Ferro llegó a la Universidad de Ibagué en enero de 2016 y fue despedida sin justa causa el pasado 17 de agosto. Durante ese tiempo alcanzó a orientar cursos del área de Lenguaje en la Facultad de Humanidades y a crear y coordinar el diplomado de Equidad de Género. A partir del trabajo que ella realizó en julio entregó un informe sobre un presunto caso de abuso sexual de una estudiante por parte del instructor del gimnasio, Alejandro Campos, y el posible caso de acoso laboral y sexual contra las vigilantes. Este informe fue desestimado por las directivas y al parecer a la postre serían el motivo a su despido.

En abril de este año, por encargo de la rectora en ese entonces, Carmen Inés Cruz, la docente inició varios talleres de sensibilización en derechos humanos tanto con las mujeres como con los demás vigilantes. Como resultado presentó a las directivas un informe el 7 de julio que, en cualquier otra institución, habría prendido las alarmas.

En el mencionado informe exponía que las mujeres que hacen parte del cuerpo de seguridad de la Universidad "han estado sometidas durante años a tratos inhumanos, discriminación y acoso por parte de un grupo de sus colegas, incluyendo un supervisor.” Finalmente el informe concluía que dentro de la Universidad se podía configurar un delito de acoso sexual y de tolerancia del empleador frente al acoso laboral. Las respuesta de las directivas de la Universidad fue despedir, sin justa causa, a la docente que denunció estos hechos. Sólo posterior a su despido y al ver que las directivas seguían encubriendo al presunto acosador de las vigilantes, la docente hizo públicas sus denuncias frente a las medios de comunicación.

El siguiente despido fue el de Claudia Londoño, docente del programa de Ciencia Política. Orientaba clases como relaciones internacionales y teoría del Estado. Desde el 2016 era la directora de este programa y hace un par de semanas la despidieron fulminantemente, también sin justa causa. Le dieron media hora para que saliera de la Universidad.

La profesora Londoño es una reconocida defensora de los colectivos LGBTI, participaba de la defensa de los derechos de las mujeres y también había estado participando de los espacios de denuncia  de la violación a los derechos de las víctimas de acoso sexual y maltrato laboral en esta universidad. Su despido se sumó al de la profesora Godoy.

Abuso sexual a una estudiante

El 7 de abril de 2016 se presentó un posible caso de abuso sexual dentro de la institución. Al parecer, en el polideportivo de la Universidad un instructor abusó de una estudiante. Unos meses después el caso lo había puesto oralmente en conocimiento la madre de la estudiante a la jefe de Gestión Humana de la Universidad, Irma Villanueva, pero esta funcionaria se quedó en silencio.

La profesora Godoy se enteró del caso en junio de 2017 y ayudó a la víctima a denunciarlo con todas las herramientas que tenían a mano. La víctima interpuso la denuncia ante Fiscalía el 2 de agosto. Las directivas de la Universidad conocían este hecho un año atrás y no informaron a las autoridades correspondientes. A la fecha tampoco han brindado apoyo psicológico ni jurídico a la afectada. 

Sobre este caso el rector de la Universidad de Ibagué, Hans-Peter Knudsen, en declaraciones públicas difundas por vídeo, desestimó el caso porque, según lo dicho por él, en la denuncia no estaba involucrado ningún profesor. Prosiguió su defensa de la universidad que preside diciendo que el sindicado era un instructor, que lleva 26 años vinculado a la Universidad, y que no tenía bajo su cargo una actividad curricular porque no asignaba notas. “Es como si fuera una clase de yoga”, finalizó su desestimación de los graves hechos. El rector terminó su discurso sin referirse ni una sola vez a la víctima, estudiante activa de la Universidad de Ibagué. Estas palabras las pronunció en el encuentro de padres de alumnos de primer semestre el pasado agosto. Los rostros perplejos de los padres de familia acusaban recelo.

El presunto abusador, Alejandro Campos, renunció a la institución el 16 de agosto. La investigación en su contra en la Fiscalía está activa. El rector dijo en la misma reunión que las puertas de la Universidad estarían abiertas para él cuando resolviera su situación penal.

Un decano que amenaza con denunciar a sus estudiantes

Como respuesta al despido de las profesoras algunos estudiantes del programa de Ciencia Política se manifestaron en contra de estas decisiones. Desde el Colectivo Ibagué Imagina Joven, que pertenece al programa de Ciencia Política, se emitió un comunicado en el cual ellos manifestaban su “más enfático rechazo e indignación a las medidas adoptadas por directivas de la Universidad de Ibagué frente a la continuidad de despidos injustificados de funcionarios y docentes de dicha Universidad.” Se mencionó también la preocupación de los estudiantes por los abusos sexuales y laborales que se venían denunciando. Al parecer ese comunicado a las directivas de la Universidad les disgustó.

A los días siguientes el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Luis Fernando Sánchez Huertas, citó en su oficina al monitor del Colectivo Ibagué Imagina Joven. No le permitió grabar la reunión y le dijo que ya le tenía una respuesta a todas las dudas que planteaban en el comunicado: la respuesta fue decirle al monitor que si tenía las pruebas de los supuestos acosos que se venían presentando en la universidad tenía que presentarlas o de lo contrario tomaría acciones legales en su contra. Esto ignorando las denuncias de las víctimas ante la Fiscalía, la queja ante el comité de convivencia, los informes de las profesionales al respecto, las notas de prensa, etc.

Luego acusó al estudiante haberse saltado los conductos regulares y de haber utilizado de manera indebida la información que había en la base de datos del colectivo. Lo amenazó con demandarlo por violar el habeas data. Cuando un profesor con doctorado en derecho amenaza con demandar a un estudiante que manifiesta su inconformidad el miedo debe ser grande. Luego de esto, según el monitor, le advirtió que podía considerar no pagarle los 4 meses de trabajo durante este semestre. El estudiante salió de la oficina aterrado. La amenaza ya se puso en conocimiento de la Defensoría del Pueblo.

Al día siguiente el decano citó a los estudiantes que habían firmado el comunicado de solidaridad con las docentes despedidas a una reunión  donde intentó justificar el despido de Claudia Londoño afirmando que era justificado por su "insatisfactorio desempeño como directora de programa", afirmaciones que no fueron sustentadas durante la reunión.

Luego de esa reunión las protestas de los estudiantes bajaron. Las premuras académicas de fin de semestre calmaron un poco la marea.

Otras graves irregularidades

Una persona que estuvo elaborando dentro de la Universidad, y de quien nos reservamos su nombre por razones de seguridad, ya en 2015- 2016 había presentado a las directivas la gravedad de los problemas que se presentaban dentro de la Universidad. En ese entonces, les informó que el personal de vigilancia sufría de acoso sexual y laboral. El señalado como presunto responsable de los abusos era el mismo acusado por las mujeres, el entonces supervisor de vigilancia Sein Marroquín.

Según esta fuente, el supervisor amenazaba a las empleadas, las sometía a tratos degradantes, los cuales ya habían denunciados con antelación. Esta información fue conocida por las dependencias de Gestión Humana, Administrativa, Seguridad y Planta física. Incluso el rector de la época, Alfonso Reyes, tuvo conocimiento de la grave situación.

La entonces jefa del Departamento de Seguridad, que al mismo tiempo era jefe de planta física, recibió los informes y sus preguntas se enfocaban a "la pertinencia de tener mujeres vigilancia trabajando en la Universidad".

Esta persona también dio a conocer problemas de microtráfico y robos dentro de la Universidad que, al parecer, se realizaban con la tolerancia de algunas personas del cuerpo de vigilancia. Por esos días se dio la noticia de la captura de varios expendedores de droga que delinquían en la Universidad del Tolima. Al parecer existía una relación entre los dos casos, pero el tema no salió más allá del informe.

Quizá la irregularidad más grave presentada en el informe era que no concordaban las cuentas de la munición en la bodega de la Universidad con las facturas de Indumil. Esta información reposa en dicho informe.

En la actualidad Departamento de Vigilancia de la Universidad de Ibagué, debido a todas estas irregularidades, debe estar renovando su licencia de funcionamiento cada tres meses porque les fue suspendida. Dicha licencia es expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y en la actualidad están esperando una respuesta definitiva de esta entidad. 

Finalmente, el tipo de contrato que tienen los supervisores, incluido el mencionado Sein Marroquín, al parecer también presentan irregularidades, pues están contratados como vigilantes cuando en realidad prestan sus servicios como supervisores, lo cual es prohibido por la misma Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Todas estas irregularidades podrían traerle a la Universidad sanciones millonarias por parte de los organismos de control.

Así las cosas, la Universidad de Ibagué tendrá que responder muchas cosas: ¿por qué, si conocen desde 2015 los casos de acoso sexual dentro de su institución, no lo dieron a conocer a las autoridades competentes (Fiscalía)? ¿Por qué el vigilante acusado de acoso laboral sigue vinculado con la universidad y nunca le han abierto una investigación disciplinaria? ¿Qué sucedió con las supuestas municiones extraviadas? ¿Qué opinan cómo institución de que un decano intimide a un estudiante con demandarlo? ¿Es una política institucional amenazar o despedir a quienes protesten por el accionar de la universidad a la que pertenecen? 

¿Estamos ante una política consuetudinaria del tape tape en la Universidad de Ibagué?

Informe de investigación: El Cronista.co