El tolimense Carlos Rivas, expresidente y Secretario de Asuntos Jurídicos de Fecode, se defendió ante un video que está circulando en redes sociales, dónde recomienda a los docentes y pensionados, la asesoría del abogado Yobany López Quintero, de la firma López Quintero & Asociados, para que lleven sus poderes por la demora en la entrega de sus cesantías ante la Fiduprevisora.

El sindicalista y abogado manifestó a El Cronista.co que:  “Los profesores del magisterio tienen toda la libertad de escoger el abogado que deseen y nosotros solamente le hacemos las recomendaciones del caso”.

Agregó que los docentes y los pensionados tienen que reclamarle a la Fiduprevisora los dineros que se les adeudan desde hace más de cuatro años por concepto de cesantías, las cuales no han sido canceladas.

 Además, recordó que: “El comité ejecutivo de Fecode conformado por 15 miembros y por unanimidad, tomamos la decisión de recomendar al abogado López Quintero, en vista de que el gobierno no quiere pagarles los dineros a los profesores”.

Igualmente, manifestó que en su caso, le adeudan unas cesantías desde hace cuatro años y ha tenido que acudir a derechos de petición.

“No tengo nada que decir del video porque simplemente se hizo una charla con algunos docentes y pensionados, y ellos de manera voluntaria decidieron tomar los servicios de esta firma. Los afectados tienen destinados esos dineros para inversiones como compra de casa y otros compromisos familiares y al ver que no les llega sus cesantías acuden a nosotros para agilizar los procesos jurídicos, pese a que esos dineros van perdiendo poder adquisitivo”, dijo Rivas.

A nivel nacional el escándalo ha sido mayúsculo dado que Fecode hace parte de la junta directiva del Fondo de prestaciones sociales del Magisterio, Fomag, lo que dejaría entrever que mientras Fecode tiene voz y voto en este Fondo, paralelamente tiene una firma de abogados que viene asesorando a los docentes, presentándose, al menos, un conflicto de intereses donde el Estado sería el directo0 afectado.

Además, según las informaciones de La W, se presume que podría existir una red de tráfico para el cobro de pensiones donde estaría comprometido el bufete de abagos de la firma López Quintero & Asociados, integrantes del fondo y funcionarios del gobierno para el cobro y pago irregular de cesantías y pensiones del magisterio colombiano.

De otra parte, el presidente de Sutet- Simatol del Tolima, William Polo, declaró que: “Nosotros tenemos unos asesores jurídicos y ellos nos indican que debemos hacer, y en el momento de requerir a un abogado somos libres en la escogencia del mismo”.