La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) habilitó una nueva sección en su portal web institucional con el objetivo de contrarrestar el incremento de las modalidades de fraude electrónico en el país. Esta medida responde a los registros estadísticos del diario económico Portafolio, según los cuales durante el año 2025 se reportaron 62.299 denuncias por delitos informáticos, mientras que en el transcurso del año 2026 la cifra ya supera los 5.000 casos documentados.

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El organismo supervisor identificó que los mecanismos de engaño más recurrentes incluyen el phishing (Estafa por correo electrónico), el smishing (Estafa por mensaje de texto/SMS), el vishing (Estafa por llamada telefónica), la suplantación de identidad y el denominado fraude amigable. Ante este escenario, la entidad emitió directrices de prevención que contemplan la verificación del origen de correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas telefónicas, la omisión de enlaces de procedencia desconocida y la realización de transacciones comerciales exclusivamente mediante canales bancarios autorizados y sitios oficiales.

En materia de protección legal, la legislación colombiana vigente desde el pasado 19 de mayo obliga a las entidades financieras, operadores de telecomunicaciones y establecimientos comerciales a suspender de forma inmediata los cobros y los reportes negativos en las centrales de riesgo a las personas que demuestren ser víctimas de suplantación de identidad. Asimismo, la autoridad instruyó a los usuarios afectados a reportar los eventos ante sus bancos y a formular las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación o la Policía Nacional.

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Como reflejo de esta problemática, un juzgado de Manizales evalúa el caso de una ciudadana afectada por un crédito virtual no consentido de 5 millones de pesos, obligación que ascendió a 11 millones 800 mil pesos por intereses de mora y originó reportes financieros negativos. En la última audiencia, el investigado propuso asumir la deuda para evitar una condena penal de 48 a 96 meses de prisión por violación de datos personales, propuesta que fue rechazada por el representante legal del Banco de Bogotá a la espera de la resolución judicial programada para el próximo viernes.