La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre la situación de las finanzas públicas del país al revelar un desfase de $27,18 billones entre los ingresos contemplados en el Presupuesto General de la Nación y las proyecciones incluidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

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El organismo de control explicó que esta diferencia refleja un escenario de menor recaudo frente a las expectativas iniciales del Gobierno. De mantenerse esta situación y sin nuevas fuentes de financiación, el Estado tendría que reducir el gasto público en un monto equivalente para preservar el equilibrio fiscal.

De acuerdo con el informe, el Presupuesto General de la Nación para 2026 asciende a $555,72 billones, pero hasta la fecha solo se han recaudado $252,68 billones, lo que significa que aún falta financiar cerca de $303 billones, es decir, más de la mitad del presupuesto aprobado para la vigencia.

La Contraloría también destacó que el propio Marco Fiscal reconoce una disminución en la meta de recaudo tributario. La proyección inicial de $321,46 billones fue ajustada a $294,28 billones. Sin embargo, con corte al 16 de junio, el recaudo efectivo apenas alcanzaba $138,17 billones, lo que evidencia un rezago cercano a $32 billones frente a la meta esperada para ese periodo.

Ante este panorama, el ente de control insistió en la necesidad de fortalecer los criterios técnicos con los que se proyectan los ingresos fiscales, con el propósito de evitar modificaciones presupuestales de gran magnitud durante la ejecución de cada vigencia.

El informe también advierte que persisten presiones sobre la liquidez del Estado debido al pago pendiente de las reservas presupuestales. A mayo de este año seguía sin ejecutarse el 48 % de las reservas de inversión y el 38 % de las reservas de funcionamiento constituidas en 2025, situación que limita la disponibilidad de recursos para atender nuevas obligaciones.

Otro de los aspectos que preocupa a la Contraloría es el incremento del endeudamiento. A junio de 2026 ya se había comprometido el 76 % del cupo autorizado para deuda de largo plazo, equivalente a $64,79 billones, cifra considerablemente superior a los $47,28 billones registrados en el mismo periodo del año anterior.

Finalmente, el organismo advirtió que este comportamiento podría obligar al próximo Gobierno a gestionar una ampliación del cupo de endeudamiento mediante la emisión de nuevos bonos, con el fin de garantizar el financiamiento de las obligaciones del Estado y atender las necesidades de caja en los próximos meses.