El alcalde del Líbano, periodo 2012-2015 le pareció normal entregar a un particular (Arbey Piñeres Sotelo), de manera directa un bien público, el parque infantil del Líbano, para que lo usufructuara por el término de 7 años. El contrato de arrendamiento inició el primero de julio de 2015 por un valor mensual de 250 mil pesos.  

Con excepción de algunas pocas voces como la de Dairo Castellanos, que en su momento pusieron el grito en el cielo por tan absurda decisión, las mayorías guardaron silencio y los entes de control tampoco dijeron esta boca es mía. Seguramente se vio tan normal ese actuar, que cinco años después, con una abrumadora votación, el Líbano reelige como alcalde a Jesús Antonio Giraldo.

Este hecho vuelve a cobrar interés, ahora que el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué acaba de fallar en contra de las pretensiones de Arbey Piñeres Sotelo, a quien en noviembre de 2016 se le notificó de la terminación del contrato de arrendamiento de ese bien público.  Piñeres reclamaba al Ilider una indemnización millonaria y que se le restableciera la tenencia como arrendatario del parque infantil.

Jesús Antonio Giraldo, hoy alcalde del Líbano por segunda vez, tendrá que responder por ese irregular hecho, así no haya firmado documento alguno, pues en el procedimiento aparece como responsable el Instituto Libanense para el Deporte y Recreación, Ilider, pero el Alcalde es quien preside la junta directiva de ese ente descentralizado.

• (Puede leer: Alcaldía de Prado en el ojo del huracán)

La apoderada del municipio, en este caso, la abogada Ángela Giraldo demostró la cadena de errores cometidos en dicho contrato, a todas luces irregular. “Fue un proceso al que le dediqué todo el tiempo del mundo con amor y sentido de pertenencia por mi municipio”, afirmó la joven abogada Giraldo, quien aclara que dejó de laborar con el municipio.

Además, de la pretensión del demandante Piñeres Sotelo, que se le devolviera  la tenencia como arrendatario de este bien público, también reclamaba indemnización por perjuicios ocasionados que tienen que ver con inversiones realizadas, lo mismo que lo dejado de devengar por ingresos mensuales tasados en 8 millones de pesos durante 4 meses de 2017, “así como por la expectativa de los ingresos dejados de devengar por el plazo faltante del contrato de arrendamiento por un valor de 448 millones de pesos.

Acciones contra el alcalde

En la negación que hace el Juzgado sobre las pretensiones del demandante, destaca que “Por la explotación del bien durante 2 años y 1 mes, el actor recibió la suma de 200 millones de pesos, suma que excedió en gran medida la inversión efectuada sobre un bien que no debió concesionarse directamente, sino por medio de licitación pública. En consecuencia, no subsiste ninguna obligación de restitución, en atención a que las obras pactadas formaban parte de la contraprestación fijada por la explotación, uso y conservación del predio”.

Además, el demandante tendrá que reconocer las costas del proceso, pues el Juez destaca la diligencia con que actuó la apoderada del Ilider, en este caso la abogada Ángela Giraldo, quien ha anunciado que ahora emprenderá acciones judiciales contra el alcalde Giraldo para que responda por este hecho irregular, que nunca debió haberse presentado.

• (Lea también: Gerente del Imdri Ibagué rindió descargos)

“Este caso refleja la ignorancia e ineptitud del alcalde Giraldo, pero más que la ignorancia de él, es la de los abogados que lo asesoraban en ese momento. La cosa pública no se puede manejar como si fuera la finca del alcalde, igual que aconteció con el lote del Tayrona, que pensó que podría quedarse con él sin más ni menos”, le contó a El Cronista.co un líder comunal.