Según la Procuraduría General de la Nación en la información que le suministró a El Espectador, “el departamento de Tolima ha sido el que presentó más casos de presuntos contratos irregulares, con un total de 56. Luego de esa región está Cundinamarca, con 52 expedientes en las carpetas de la entidad. En tercer lugar, se encuentra Antioquia, con 45 casos registrados. Llama la atención que los departamentos de Vaupés y Guainía solo tienen una investigación cada uno, ambas activas y en estudio preliminar”.

Agrega el informe que “Entre los 596 expedientes por contratos para mitigar el COVID-19, que presentaron posibles irregularidades, en total 175 están en indagación preliminar; 100 están en estudio preliminar; 74 están en etapa probatoria de investigación disciplinaria; 46 fueron remitidos a otra entidad; 12 están en evaluación; tres tienen a dos funcionarios en juicio disciplinario; y dos están siendo tramitadas para caer en manos de la Fiscalía. En contraste, 113 procesos ya fueron archivados y 13 resultaron en fallo absolutoria a favor de los funcionarios públicos."

En la respuesta del Ministerio Público, dice que de los 596 expedientes, 367 siguen bajo investigación. Es de advertir que los procesos gozan de reserva legal y por lo tanto la Procuraduría no suministró detalles sobre cada uno de ellos.

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Adicional a esas investigaciones en posibles contratos irregulares, en cuanto al Plan Nacional de Vacunación que empezó el pasado 17 de febrero, la Procuraduría respondió a El Espectador que inició ocho procesos disciplinarios, de los cuales siete están activos por posibles irregularidades presentadas por funcionarios públicos. Los casos se ubican en Caldas, Boyacá, Tolima, Antioquia, Casanare y Atlántico.