A través de un video, el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) y defensor de derechos humanos tolimense, Luis Guillermo Pérez, denunció haber recibido una amenaza en su contra y contra su familia. Además, responsabilizó al presidente electo, Abelardo de la Espriella, de cualquier afectación a su integridad y solicitó a la Fiscalía investigar los hechos.

Según Pérez, la amenaza llegó hasta su residencia acompañada de una bala y un libro sobre el humorista y periodista Jaime Garzón.

"Recuerdo que yo fui abogado de la familia de Jaime Garzón Forero, donde se condenó a 28 años de prisión al que yo he llamado el estafeta del terrorismo de Estado, José Miguel Narváez", afirmó el exmagistrado.

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Pérez sostuvo que responsabiliza al presidente electo, Abelardo de la Espriella, de cualquier hecho que atente contra su vida o la de sus familiares, al considerar que los discursos de confrontación pueden incentivar actos de violencia.

En ese sentido, le envió un mensaje directo: "Usted tiene que definirse si va a seguir siendo el tigre con una manada o va a respetar la Constitución y las obligaciones convencionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos".

También cuestionó el tono de sus declaraciones: "No se puede seguir invitando al país a la violencia. Usted no puede venir a destriparnos, porque tiene muchos de esos secuaces que se quieren convertir en fieras salvajes y están esperando mensajes suyos. Y el mensaje suyo no puede ser de muerte, no puede ser de guerra, no puede ser de violencia. Usted tiene que asumir sus responsabilidades históricas, señor Abelardo de la Espriella".

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Finalmente, pidió a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, abrir una investigación inmediata por las amenazas denunciadas y fortalecer la protección de quienes ejercen la defensa de los derechos humanos en Colombia.

"Su labor constitucional puede ayudar a prevenir muchos crímenes, crímenes de lesa humanidad e incluso la posibilidad de que se intente perpetrar un genocidio. Es su responsabilidad actuar, señora Luz Adriana Camargo. Proteger los derechos humanos también es su obligación y el pueblo colombiano espera de usted la debida diligencia", concluyó.

Exilio

Guillermo Pérez vivió 15 años en el exilio tras recibir múltiples amenazas en su contra y contra su familia, situación que también obligó a sus seres queridos a abandonar el país.

Tras su regreso a Colombia en 2010, se reintegró al Colectivo de Abogados 'José Alvear Restrepo' (Cajar), organización miembro de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH). Desde allí actuó en calidad de víctima y en representación de esa organización en los procesos judiciales relacionados con las llamadas "chuzadas" del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), escándalo de interceptaciones ilegales que tuvo como objetivo perseguir y espiar a magistrados, opositores, líderes sociales y periodistas durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

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Acciones jurídicas

Tras las elecciones presidenciales, Pérez inició una acción de nulidad electoral contra la declaratoria del Consejo Nacional Electoral que dio como ganador a Abelardo de la Espriella.

Su argumento se basa en que el presidente electo tendría un conflicto de intereses por su doble ciudadanía estadounidense. Según explicó, al momento de obtener esa nacionalidad "juró respetar la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, e incluso incorporarse a las reservas de las Fuerzas Armadas de ese país si fuese llamado en caso de una guerra exterior".

Además, presentó un derecho de petición dirigido al presidente electo para que explique sus declaraciones sobre el supuesto "préstamo" de US$60 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Asimismo, recordó que "el 31 de julio de 2025 presenté una denuncia penal en su contra ante la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, con el objetivo de disuadir ese tipo de discurso violento que genera miedo, pánico y odio, y que incluso puede sembrar una guerra civil si se inicia un proceso de exterminio como el que plantea el señor De la Espriella".

Finalmente, sostuvo que las campañas políticas tienen límites claros y deben respetar los derechos fundamentales de toda la población colombiana, incluidos los de quienes consideran sus adversarios políticos.