El pasado 30 de agosto, 15 programas de la Universidad del Tolima decidieron declararse en asamblea permanente debido a inconformidades con la gestión del rector Omar Mejía referentes, según ellos, a la “ineficiencia del servicio de la Prestadora de Servicios de Salud (PSS), con especial énfasis en la salud mental”, “preocupante gasto de los recursos públicos de la U” y “señalamientos académicos y disciplinarios hacia los estudiantes que participan en procesos asamblearios”.

Tras ello, este miércoles 4 de septiembre, el rector Omar Mejía comunicó una carta abierta al estamento estudiantil en el que manifestaba, entre otras cosas, el rechazo a cualquier tipo de militarización del campus universitario, el rechazo a señalamientos a estudiantes y reconoció las falencias en materia de atención a problemáticas relacionadas a la salud mental de los estudiantes.

“He reflexionado sobre las posturas políticas expresadas en la reunión convocada por la Dirección Universitaria el 2 de septiembre y he escuchado atentamente sus argumentos. Reconozco la solidaridad que se ha tejido en un momento de duelo institucional y valoro el compromiso compartido para que nuestra universidad se mantenga como una institución libre de cualquier tipo de violencias, que respeta la diversidad, el disenso y el derecho a la protesta”, se lee al inicio de la misiva.

Aseguró Mejía, que su objetivo es establecer escenarios de diálogo y superar las diferencias planteadas entre los estudiantes y su administración, por lo que dejó en claros los siguientes puntos: 

“En primer lugar, rechazamos categóricamente cualquier intento de militarización de los espacios universitarios. Es fundamental aclarar que en ningún momento solicitamos la presencia de unidades del Ejército Nacional ni de la Policía Nacional en el campus. Ante la aparición de estas fuerzas, exigimos de inmediato su retiro. El comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional explicó que la presencia de las fuerzas públicas fue resultado de una alerta del Secretario de Gobierno Municipal sobre una posible amenaza, cuya naturaleza aún desconocemos”.

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“En segundo lugar, rechazo cualquier acto que ponga en riesgo la integridad física o moral de nuestra comunidad, incluyendo estigmatizaciones, señalamientos o perfilamientos, especialmente hacia el estamento estudiantil. Afirmamos que la protesta y sus diversas expresiones pacíficas son un derecho fundamental protegido por el ordenamiento jurídico colombiano, y como universidad seguiremos garantizando su ejercicio”, escribió para luego señalar que el uso de la fuerza, la violencia simbólica y las agresiones verbales durante las manifestaciones desviaban los objetivos del movimiento estudiantil.

Así mismo, reconoció la negligencia de la Universidad del Tolima en la atención de la salud mental de los estudiantes. “Es fundamental abordar la salud mental de manera integral, considerándola tanto un problema de salud pública como un fenómeno sociológico […] Reconozco que muchas de las consignas que se han socializado durante estos días, nos han motivado a identificar muchos asuntos por corregir y lamento no haberlas identificado antes. Este momento debe verse como una oportunidad de mejora y aprendizaje colectivo”.

Finalmente, resaltó la importancia de realizar “un plan urgente que aborde los desafíos que enfrentamos de manera colaborativa” y reafirmó que desde la UT seguirán siendo respetuosos del desarrollo de los procesos asamblearios que se desarrollen en cada programa.