La Superintendencia de Sociedades confirmó en segunda instancia las sanciones económicas impuestas a dos directivos del Club Deportes Tolima S.A., por hechos relacionados con el derecho de inspección de una accionista y, en el caso del presidente de la institución, por el incumplimiento reiterado de requerimientos realizados por la autoridad.

La multa más alta, de 75 millones de pesos, fue ratificada contra César Alejandro Camargo Serrano, presidente del Deportes Tolima y miembro de la junta directiva. Por su parte, Germán Darío Kairuz Correa, gerente general e integrante de la junta directiva, deberá pagar una sanción de 50 millones de pesos.

La investigación se originó por hechos ocurridos antes de la asamblea ordinaria de accionistas celebrada en marzo de 2025. De acuerdo con la SuperSociedades, ambos directivos restringieron el derecho de inspección de una accionista, quien no habría podido acceder de manera completa y oportuna a documentos relevantes para conocer la gestión de la sociedad.

• Lea más: Tolima mueve su plantilla y recibe una buena noticia desde Argentina

Entre la información que no pudo ser revisada de forma adecuada se encontraban actas de la junta directiva, documentos que podían ser consultados antes de la reunión del máximo órgano social. La entidad también determinó que el tiempo inicialmente autorizado para revisar la documentación fue reducido sin una justificación que considerara válida.

Para la Superintendencia, esta situación afectó un mecanismo fundamental de control dentro de una sociedad, pues el derecho de inspección permite a los accionistas revisar información y documentos antes de las asambleas para participar en las decisiones con mayores elementos de juicio.

Pero el caso de César Camargo incluyó además otro hecho. La entidad concluyó que el presidente del club incumplió de manera reiterada requerimientos relacionados con la entrega de documentación que respaldaba una transferencia de acciones. Según el expediente, la información solicitada no fue presentada de manera completa, pese a los requerimientos formulados durante la actuación administrativa.

La SuperSociedades señaló que este comportamiento afectó el ejercicio de sus funciones de supervisión y control.

"Los investigados limitaron el ejercicio del derecho de inspección de una accionista antes de la reunión ordinaria de la asamblea celebrada en marzo de 2025. En particular, no garantizaron el acceso completo y oportuno a actas de junta directiva necesarias para conocer y evaluar asuntos de interés societario”, indicó la entidad.

• Puede leer: Fiscalía ocupa bienes de Charlie Zaa por presuntos nexos con el Bloque Tolima de las AUC

Los directivos sancionados interpusieron recursos de reposición y apelación para controvertir la decisión. Sin embargo, tras estudiar los recursos, la Superintendencia resolvió confirmar integralmente las sanciones, que en conjunto ascienden a 125 millones de pesos.

La entidad recordó que el derecho de inspección constituye una herramienta esencial para que los accionistas puedan conocer cómo se administra una sociedad y ejercer control sobre quienes están a cargo de su dirección.

La Superintendencia de Sociedades aseguró que continuará ejerciendo sus funciones para proteger los derechos de los asociados, exigir el cumplimiento de las normas societarias y fortalecer la transparencia y el gobierno corporativo.