Destacadas
Mineducación busca derogar política de derechos sexuales y reproductivos
Ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda.
El Ministerio de Educación Nacional pidió al Gobierno de Abelardo de la Espriella iniciar acciones urgentes para derogar la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026-2035, adoptada durante los últimos días del Gobierno de Gustavo Petro.
La solicitud quedó consignada en un oficio del 21 de septiembre, firmado por la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, y dirigido a Andrés Barreto González, secretario jurídico de la Presidencia. En el documento, la funcionaria también propuso expedir una directiva presidencial para frenar nuevas actuaciones administrativas, presupuestales, contractuales y pedagógicas sustentadas en esa política mientras avanza el procedimiento de derogatoria.
La política fue adoptada mediante la Resolución Conjunta 1350 del 10 de julio de 2026, con la participación de los ministerios de Salud, Trabajo, Educación y Culturas. Entre sus disposiciones contempla incorporar contenidos sobre sexualidad y derechos sexuales y reproductivos en los proyectos educativos institucionales, los planes de estudio, las prácticas pedagógicas y la formación docente.
Los argumentos del Ministerio
En el oficio, Mineducación sostiene que la resolución presenta cuestionamientos constitucionales y legales relacionados con las competencias para establecer obligaciones curriculares y pedagógicas, la autonomía escolar y el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos.
También cuestiona que una resolución administrativa proyecte obligaciones hasta 2035, así como la definición de compromisos de planeación y financiación sin una identificación suficiente de las fuentes de recursos y las competencias de gasto.
La ministra señaló, además, que existe una demanda de nulidad contra la resolución ante la Sección Primera del Consejo de Estado, identificada con el radicado 25624. Según el documento, el proceso plantea cuestionamientos relacionados con la competencia para expedir la norma, el régimen legal del currículo y la autonomía escolar, entre otros aspectos.
La política continúa vigente
El Ministerio propuso dos medidas: iniciar la revisión integral de la resolución y su anexo técnico, con participación de los cuatro ministerios involucrados, y expedir una directiva presidencial para evitar nuevas actuaciones fundamentadas en la norma mientras se completa el trámite.
El propio oficio aclara que esa directiva no sustituiría los efectos jurídicos de la derogatoria y que deberán preservarse las obligaciones respaldadas de manera independiente por la Constitución, la ley, las decisiones judiciales y los contratos válidamente perfeccionados.
La discusión se suma a las controversias que ha generado la educación sexual en Colombia. El Ministerio, bajo la dirección de Hoyos, cuestiona el alcance de la política y su incorporación transversal en las instituciones educativas, mientras que organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas han defendido la importancia de la educación sexual y de los derechos reproductivos en las aulas.
(CO) 313 381 6244
(CO) 311 228 8185
(CO) 313 829 8771