El senador tolimense de Salvación Nacional, Alejandro Bermeo, llegó al Congreso con una propuesta inusual: instaurar una "Semana Anticomunista" como su primer proyecto legislativo.

De acuerdo con el parlamentario, la iniciativa está inspirada en una propuesta presentada en Estados Unidos por la representante del estado de Florida, María Elvira Salazar, integrante del Partido Republicano.

" Vamos a lograr que una semana en el año se enseñe en las escuelas, en todo el bachillerato, lo que han sido los horrores, los crímenes, la historia de lo que ha sido el comunismo, los regímenes autoritarios y, por supuesto, el valor de la democracia y del pluralismo ", aseguró el congresista.

La propuesta ha generado polémica, pues algunos sectores consideran que no responden a las principales necesidades de las regiones del país.

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La profesora y senadora del Pacto Histórico, María Eugenia Londoño, reaccionó a la iniciativa y la calificó como una propuesta "reactiva". Además, advirtió que busca convertir las instituciones educativas del Estado en escenarios de " estigmatización política e ideológica ".

El congresista recordó que el Partido Comunista Colombiano tiene 96 años de existencia y ha contribuido a la " defensa de la democracia, los derechos de la clase trabajadora, la educación pública, la paz y la justicia social ".

" La historia no se puede borrar ni reescribir desde el fanatismo . A quienes pretenden regresar al país a los tiempos de la intolerancia política les decimos: ¡No pasarán! Defenderemos una escuela pública, laica, pluralista y democrática, donde se enseñe a pensar y no qué pensar. Colombia necesita más democracia, más derechos y más garantías para la participación política, no campañas de estigmatización contra quienes piensan diferente ", señaló.

¿«semana anticomunista»? en los colegios es una iniciativa profundamente reaccionaria que busca convertir la escuela en un escenario de estigmatización política e ideológica.
Desde el Congreso rechazamos esta propuesta del Partido Salvación Nacional. La educación pública debe...

— María Eugenia Londoño- Senadora (@MariaEugeniaLo) 24 de julio de 2026

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¿Es posible este proyecto?

La Constitución Política de 1991 define a Colombia como un Estado Social de Derecho (artículo 1), principio que se fundamenta en el respeto por el pluralismo político e ideológico como elemento esencial de la democracia. Asimismo, garantiza la libertad de expresión y de opinión (artículo 20), por lo que una iniciativa estatal que promueva la condena de una corriente política específica podría entrar en tensión con estos principios si se convierte en un ejercicio de adoctrinamiento, en lugar de propiciar un análisis histórico, crítico y plural.

Además, la Constitución protege la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra (artículo 27 ). Esto significa que el Estado puede establecer lineamientos curriculares, pero no imponer una única visión ideológica ni obligar a los docentes a abordar un tema desde una sola perspectiva política.

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La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha desarrollado este principio. En la Sentencia T-588 de 1998, la Corte señaló que la libertad de cátedra protege la autonomía del docente dentro del marco constitucional. Por su parte, la Sentencia C-220 de 1997 precisó que, si bien la libertad de cátedra no es un derecho absoluto, tampoco faculta al Estado para imponer una orientación ideológica única en los procesos educativos.

En el mismo sentido, la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) establece que los fines de la educación están orientados a la formación integral de la persona, el respeto por los derechos humanos, la democracia, el pluralismo y los principios del Estado Social de Derecho.

En ese contexto, es legítimo que el sistema educativo enseñe sobre los crímenes y las violaciones de derechos humanos cometidos por regímenes comunistas, pero también sobre los perpetrados por dictaduras de extrema derecha, regímenes fascistas y otras formas de autoritarismo, dentro de un enfoque histórico, académico y plural.

En consecuencia, el Congreso podría aprobar un proyecto de esta naturaleza en ejercicio de su facultad legislativa. Sin embargo, una norma que establece una "Semana Anticomunista" con el propósito de promover una condena oficial a una corriente política específica podría ser objeto de demandas ante la Corte Constitucional por una eventual vulneración de principios como el pluralismo político , la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento y la neutralidad que debe orientar la educación pública.