El Pacto Histórico, a través de un comunicado de prensa, denunció presuntas amenazas en contra de varios líderes políticos de su movimiento, tras las declaraciones dadas por la gobernadora del Tolima después del choque que tuvieron durante la emergencia en el municipio de Coello, el pasado 21 de agosto.

De acuerdo con la comunicación, el presidente departamental, Cristian Acosta, Andrés Herrera y estudiantes de la Universidad del Tolima habrían recibido amenazas tras lo dicho por la gobernadora.

“El Pacto Histórico rechaza categóricamente cualquier señalamiento o estigmatización contra quienes, desde la oposición y desde los movimientos sociales y estudiantiles, han ejercido legítimamente su derecho a denunciar, cuestionar y realizar control ciudadano frente a la emergencia que viven los territorios en el departamento”, indican.

• Puede leer: “Solo el pueblo organizado salva al pueblo”: réplica del Pacto Histórico

Asimismo, señalan que las declaraciones de la gobernadora “han generado un escenario profundamente preocupante”, que ha derivado en amenazas. Advierten que declaraciones como estas, provenientes de una figura como la gobernadora del Tolima, tienen efectos de gran alcance, especialmente contra políticos, líderes sociales y estudiantes, y contribuyen a generar escenarios de riesgo y estigmatización.

También aseguran que su papel durante estas emergencias por los incendios ha sido acompañar a las comunidades y habitantes afectados con donaciones y ayudas, además de participar activamente en las labores para apagar los incendios y enfrentar la emergencia.

• Además: Llamado urgente a la sensatez. El fuego no distingue ideologías

“El Pacto Histórico es contundente: menos señalamientos y más soluciones. Menos estigmatización y más presencia institucional en los territorios”, señalaron.

Y agregaron que “responsabilizan políticamente a la gobernadora Adriana Magali Matiz por el ambiente de señalamiento que pueden generar sus declaraciones y le exigen asumir las consecuencias de sus palabras” frente a cualquier acto que ponga en peligro la vida de las personas afectadas. Además, solicitaron a las autoridades proteger a los señalados e investigar cualquier situación que afecte su vida, integridad o seguridad.

Finalmente, indicaron que seguirán acompañando a las comunidades, así como ejerciendo su derecho a hacer oposición de manera legítima y en democracia.