Los propietarios del edificio de la carrera Sexta con calle 59 decidieron salirle al paso a los cuestionamientos en su contra por presunta violación de las normas urbanísticas.

En diálogo con El Cronista.co, la pareja respondió a los señalamientos de la Veeduría Ciudadana de Control Urbano (VEECU), la cual los denunció de nuevo por invasión de espacio público y presunto incumplimiento de las normas sismorresistentes.

“Nos sentimos perseguidos, señalados, sin saber qué daño le estamos haciendo a Ibagué, si lo único que venimos a hacer fue traer progreso”, expresó Diana Gutiérrez, una de las propietarias.

Ella, junto a su esposo Sandro Pinto, reconocieron que en principio la construcción violaba las normas urbanísticas por irrespetar el espacio del antejardín. Sin embargo, aseguraron que la obra sufrió modificaciones en su estructura y en la actualidad cumple con las normas.

“Por ignorancia nos salimos al antejardín. Creíamos que teníamos derecho a toda el área, que es de 109 metros cuadrados. Creíamos que podíamos hacer lo mismo de los edificios vecinos, de El Establo y todo el resto que tiene invadido el antejardín. Pero la obra estuvo cerrada nueve meses y ya se subsanó”, explicó Diana.

Otro señalamiento apuntaba a que la obra no cuenta con licencia de construcción. Lo cual resultó ser falso. “La licencia no fue comprada, no fue robada, no fue regalada. Duramos año y tres meses para poder que nos la dieran”, arguyó.

Por su parte, Sandro aseguró que la estructura cumple con todas las normas sismorresistentes, y que, las autoridades urbanísticas lo han avalado en nueve visitas a las obras.

“Al veedor le respondo que eso es mentira. Las placas están hechas sismorresistentes. Tiene más de 12 columnas, están amarradas, tiene hierro de 5/8, no de media ni de ¾. Hemos tenido sismos y no ha pasado nada”, expuso Sandro.

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Para Sandro, se trata de una persecución por parte de la veeduría, que podría tener otros intereses más allá de los cívicos. “¿Será que le estarán pagan? Porque no veo que ataque a otras personas, sino a nosotros. Eso me sabe a que le están pagando para que nos moleste”, aseveró.

A su vez, la veeduría pidió a la administración de la alcaldesa Johana Aranda que ordene demoler la estructura, por representar un riesgo de desplome para la comunidad ibaguereña, especialmente de esta zona.

“Esa es su posición desde el año pasado, sin saber el daño que eso representaría para una familia. Eso sería derrumbarnos, aquí están nuestros ahorros de 20 años. Ese señor no sabe lo que dice, un veedor es para que ayude, no para que juzgue y señale”, agregó él.

A la par, Diana reconoció las graves afectaciones psicológicas y emocionales que les ha causado lo que consideran una persecución de los veedores. “Cuando nos cerraron la obra me tuvieron por ataques de pánico. Nos hemos sentido muy mal, esto ha generado conflictos internos en nuestro hogar”, reveló.

Por último, ellos invitaron a los veedores a que visiten la obra personalmente para mostrarles la documentación con la que cuentan y aclarar sus dudas sobre el proyecto.