La congresista Martha Alfonso, en plenaria sobre el Programa de Alimentación Universitaria del 14 de marzo, destacó el papel que jugó el restaurante de la Universidad del Tolima durante su paso como estudiante y la oportunidad que le brindó para finalizar su carrera.

“Fui beneficiaria de un restaurante universitario y, si no hubiera sido por eso, realmente no hubiera podido permanecer en la carrera que estudié. Así que considero que debe ser un derecho para todos los estudiantes de universidades públicas el acceso a la alimentación”, indicó la representante.

Señaló que este proyecto constituye un derecho para los estudiantes y que, además, permite brindar garantías de permanencia dentro de las instituciones de educación superior. “El costo fiscal que tiene es mínimo respecto del enorme beneficio que representa para la población estudiantil universitaria, especialmente de bajos recursos, que son la prioridad en este proyecto”, explicó.

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Además, mencionó Alfonso, se trata de una oportunidad para la economía circular. Señaló que, si las universidades cumplen la ley de compras públicas —que obliga a que al menos el 30% de los productos frescos utilizados en programas alimentarios financiados con recursos públicos beneficie de manera directa a asociaciones locales—, se fortalecen los circuitos cortos de economía local, lo que genera desarrollo regional y economías más consistentes, además del fortalecimiento de la economía campesina, familiar y comunitaria.

Agregó que, como lo venían señalando las universidades, esto no afecta la autonomía universitaria, sino que brinda la oportunidad a pequeños productores de tener un lugar donde llevar sus productos.

“Hicimos unas proposiciones para mejorar el proyecto en materia de pertinencia territorial y una de ellas, al artículo 7, proponía que las universidades cumplan el porcentaje mínimo de compras públicas exigido por la Ley 2046 del año 2020. Esta proposición fue negada porque, en el debate de la Comisión Sexta, varias universidades públicas manifestaron que, por autonomía universitaria, no era viable”, explicó.

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Asimismo, indicó que el impacto fiscal no es alto; es decir, negar la alimentación por un tema presupuestal no debe ser el centro de la discusión sobre el bienestar universitario. “Este proyecto de ley tiene un impacto fiscal, como se ha mencionado, de cerca de 770.000 millones de pesos al año, incluyendo costos logísticos y por inflación. Es decir, el 1% de lo que se presupuesta anualmente para la educación superior en Colombia, que este año oscila en los 80 billones de pesos”.

Finalmente, señaló: “Es importante que también identifiquemos y analicemos el impacto social que tiene el proyecto, porque se pueden perder muchos más recursos en la deserción y en la no permanencia de los estudiantes en el sistema universitario que lo que cuesta un programa. Ya hoy se están invirtiendo cerca de 120.000 millones de pesos, cubriendo solo el 20% de los estudiantes de universidades públicas en Colombia con programas alimentarios”.