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Marcha multitudinaria y pacífica en Ibagué terminó con intervención de la UNDMO
Foto: El Cronista.co. Organizaciones sociales se movilizaron en Ibagué en una multitudinaria marcha que reunió a diversos sectores sindicales, estudiantiles, campesinos y políticos en defensa de la educación pública, los derechos laborales y el territorio.
Sobre las 9:00 de la mañana de este miércoles 14 de octubre comenzó en Ibagué una movilización convocada por organizaciones sindicales, sociales, campesinas, estudiantiles y políticas, que reunió a miles de personas en torno a reivindicaciones relacionadas con la educación pública, los derechos laborales y la defensa del territorio.
La marcha partió de la Casa del Maestro, en la calle 37, y recorrido la carrera Quinta hasta llegar, alrededor de la 1:00 de la tarde, al parque Murillo Toro, donde los participantes realizaron un mitin con expresiones políticas, culturales y artísticas.
La jornada transcurrió de manera pacífica durante el recorrido. Sin embargo, al finalizar la concentración, la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) generó tensión en el parque, tras la dispersión de la marcha con aturdidoras y gases lacrimógenos y la captura de varios jóvenes.
Educación, salario vital y defensa del territorio
Durante el recorrido se escucharon consignas en favor de la gratuidad y la calidad de la educación, el salario mínimo y el salario vital, la protección de la naturaleza y el respeto por los derechos humanos.
Uno de los asuntos presentes en las arengas fue la defensa del territorio tolimense ante la posibilidad de que la región se convierta en un escenario estratégico para la exploración y explotación de minerales críticos y tierras raras. El tema ha generado cuestionamientos por organizaciones sociales por sus posibles implicaciones ambientales y territoriales, tras la visita a Ibagué del vicepresidente José Manuel Restrepo y su anunció de llevar esta iniciativa a la "Milagro Week,” un escenario pensando por el gobierno nacional para atraer inversión extranjera en Colombia.
Los manifestantes también expresaron críticas a las políticas de Abelardo de la Espriella relacionadas con el estatuto antiterrorista, próximo a ser presentado ante el Congreso para su debate y aprobación. Otro de los temas mencionados fueron los cuestionamientos sobre las donaciones tras el terremoto del 10 de agosto promocionada por el gobierno nacional y recibidas por la fundación Colombia Luz y Sonrisas, vinculada a la primera dama, Ana Lucía Pineda.
Sindicatos, estudiantes y partidos políticos en las calles
La marcha contó con la participación de organizaciones sindicales y educativas, entre ellas la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), el Sindicato de Maestros del Tolima (Simatol) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
También participaron trabajadores de la Universidad del Tolima, profesores a través de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU, representantes de la comunidad educativa del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), aprendices y miembros de organizaciones sindicales de esa institución, entre ellos SINDESENA, Sindicato de Empleados Públicos del SENA, entre otros.
A estos sectores se sumaron colectividades políticas como el Pacto Histórico, la Alianza Verde, el Polo Democrático, el Partido Comunista Colombiano y los liberales progresistas.
En el ámbito político regional estuvieron el representante a la Cámara por el Tolima Marco Emilio Hincapié, del Pacto Histórico; el diputado liberal Carlos Reyes y los concejales de Ibagué Javier Mora, del partido Liberal y William Flores, de la Alianza Verde, quienes acompañaron la marcha.
La asistencia fue estimada preliminarmente entre 5.000 y 10.000 personas, aunque algunas versiones hablaron de hasta 15.000 participantes.
La antesala del paro nacional
La movilización en Ibagué hizo parte de las actividades preparatorias del paro nacional anunciado para noviembre por organizaciones sindicales, sociales, campesinas, étnicas y políticas.
La convocatoria se definió durante el Encuentro Nacional por la Defensa de la Vida, la Dignidad, la Democracia, la Paz, la Soberanía y las Reformas Sociales, realizado en Bogotá los días 11 y 12 de septiembre, con la participación de más de 1.500 representantes de organizaciones de distintas regiones del país.
En ese encuentro, los participantes anunciaron su oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella y acordaron una agenda de movilización que incluyó la jornada del 14 de octubre y la preparación de un paro nacional para noviembre.
La marcha en Ibagué representó, así, una primera muestra de la capacidad de convocatoria de las organizaciones sindicales, los sectores sociales y las colectividades políticas en oposición al gobierno de De la Espriella.
Decreto y fuerza pública en Ibagué
La movilización se desarrolló un día después de que el Gobierno expidiera el Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026, mediante el cual modificó el protocolo de actuación de las autoridades durante las manifestaciones públicas.
La norma ha generado inquietudes entre sectores sociales y defensores de Derechos Humanos por el alcance de las facultades policiales y las garantías para quienes participan en manifestaciones pacíficas.
En ese contexto, la intervención registrada en el parque Murillo Toro plantea interrogantes sobre el comportamiento de los uniformados y las garantías ofrecidas, los motivos que llevaron a actuar tras el término de la manifestación pacífica que se sostuvo durante toda la marcha.
Y es que, de acuerdo con información extraoficial, durante la jornada, cinco personas habrían sido capturadas y trasladadas a las instalaciones policiales para su individualización.
Entre las personas capturadas estaría Paula Tafur, estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Tolima. Según la información preliminar, la joven se encontraba realizando labores periodísticas cuando fue detenida.
Integrantes de organizaciones de derechos humanos informaron que Tafur estaría en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía en Ibagué, donde estaría recibiendo acompañamiento jurídico de abogados de la Defensoría del Pueblo.
La respuesta del Gobierno frente a la movilización social
La jornada del 14 de octubre dejó dos asuntos centrales para el debate político: la capacidad de convocatoria de las organizaciones sindicales y los sectores de oposición, y la respuesta de las autoridades frente a las manifestaciones que cuestionan las políticas del Gobierno nacional.
Mientras las organizaciones convocantes se preparan para el paro nacional previsto para noviembre, queda por establecer cómo aplicarán las autoridades el nuevo protocolo, si su implementación podría derivar en un uso desproporcionado de la fuerza pública y qué garantías tendrán quienes ejerzan su derecho a la protesta en Colombia.
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