Nicolás Maduro se declaró inocente de los cargos de narcoterrorismo y otros delitos ante un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, tras ser trasladado a Estados Unidos luego de una operación militar que incluyó un bombardeo.

Este proceso judicial ha abierto un amplio debate internacional no solo por los delitos imputados, sino también por la legalidad de la captura y la competencia de Estados Unidos para juzgar al mandatario venezolano.

La audiencia, que duró menos de media hora, concluyó con la fijación de una nueva diligencia para el 17 de marzo de 2026, mientras la defensa de Maduro anunció que impugnaría la legalidad de su arresto y traslado, argumentando que, como presidente, Maduro gozaría de inmunidad frente a crímenes federales.

Los cargos y la postura de Estados Unidos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que Nicolás Maduro enfrenta cargos por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a territorio estadounidense y delitos relacionados con armas. Según la acusación formal presentada ante un gran jurado federal, las conductas imputadas habrían tenido como destino o impacto directo a Estados Unidos, lo que, desde la perspectiva de Washington, habilita la jurisdicción de sus tribunales.

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Las autoridades estadounidenses argumentan que su legislación permite juzgar delitos graves cometidos fuera de su territorio cuando estos afectan la seguridad nacional o la salud pública del país, como ocurre con el tráfico internacional de drogas. En este marco, el Gobierno de EE. UU. afirma que la captura y el juicio responden a un acto de aplicación de la ley, no a una decisión política.

Otro punto central es que Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela, tras cuestionar los resultados de las elecciones de 2024. Bajo ese criterio, Washington sostiene que Maduro no goza de inmunidad como jefe de Estado en funciones frente a la justicia estadounidense, una postura que será uno de los ejes del debate judicial.

Críticas por soberanía y derecho internacional humanitario

La operación militar previa a la captura ha sido duramente cuestionada por varios gobiernos, juristas y organismos internacionales. Las críticas se centran en que la acción se realizó sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU ni consentimiento del Estado venezolano, lo que, según el derecho internacional, constituiría una violación a la soberanía nacional y a la Carta de las Naciones Unidas.

Además, también se da en un contexto en el que el foco de atención internacional estaba sobre las presuntas evidencias que existen contra el presidente Donald Trump por nexos con Jeffrey Epstein, el difunto magnate financiero y delincuente sexual estadounidense que traficaba menores. Esto ha implicado que se plantee que el ataque a Venezuela podría ser un intento desesperado de Trump por distraer la atención mediatica internacional hacia otro frente.

Especialistas en derecho internacional humanitario advierten que el uso de la fuerza en territorio extranjero, fuera de un conflicto armado reconocido y sin mandato internacional, plantea serias dudas sobre su legalidad.  

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Incluso el reconocido juristas estadounidense, Tom Dannenbaum (profesor de Derecho en Stanford) ha afirmado que, aunque Maduro esté acusado de delitos graves, eso no elimina la necesidad de una base legal para usar la fuerza militar en Venezuela.

La narrativa del petróleo y las motivaciones geopolíticas

Desde sectores del chavismo y de países aliados de Venezuela se ha planteado que la acción estadounidense no responde únicamente a motivos judiciales, sino que sería parte de una estrategia geopolítica vinculada a los intereses energéticos de Estados Unidos en un país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Washington ha rechazado estas acusaciones y ha insistido en que el proceso es estrictamente judicial. 

“Prisionero de guerra”: la declaración de Maduro

Durante su primera comparecencia ante el tribunal, Nicolás Maduro afirmó que fue “secuestrado” y se autodefinió como un “prisionero de guerra”, asegurando que sigue siendo el presidente legítimo de Venezuela. La declaración fue realizada al momento de negar los cargos y declararse no culpable.