Los cuatro miembros del Concejo de Ibagué, Javier Mora, Jaime Tocora, Rubén Darío Correa y Lisandro Trujillo, anunciaron que se unirán como bancada de oposición para hacerle un mayor control político a la administración de Andrés Fabián Hurtado. Se han denominado 'Bancada de Oposición Unidos por Ibagué'.  

Es un hecho inédito en la política local, toda vez que en administraciones anteriores nunca se ha planteado un bloque de oposición sólido y de largo aliento en contra del gobierno de turno, aunque sean minoría en el Concejo. Por el contrario, la tendencia siempre ha sido que, por unanimidad, los alcaldes cuenten con la complacencia de los cabildantes.

Los concejales de oposición afirmaron que se han unido "para realizar tareas conjuntas encaminadas a velar por el cumplimiento del Plan de Desarrollo Ibagué Vibra 2020-2023, la protección de los derechos de los ciudadanos y la lucha contra la corrupción".

"En ese sentido ejecutaremos debates de control político al cumplimiento del mencionado Plan de Desarrollo, así como a la contratación estatal del Municipio, tan cuestionada por estos días, donde pondremos la lupa tanto a cada una de las secretarías de la administración central como a los entes descentralizados como el IBAL, la Gestora Urbana, Infibagué e IMDRI", agregaron en un comunicado oficial. 

Ante los señalamientos de algunos sectores políticos, que tildan la Bancada de Oposición como una alianza de cara a las próximas elecciones, los cuatro concejales aseguran que no tienen aspiraciones electorales en conjunto. "No estamos montando una estrategia para obtener votos. Lo que nos junta es la posibilidad de cuidar los recursos públicos", enfatizó el concejal Jaime Tocora.

Por su parte, el cabildante Rubén Darío Correa, aclaró que la Bancada "no es politiquera ni electorera. No le vamos a endosar ni recogerle votos a nadie, porque eso es irrespetuoso con la ciudadanía. Lo que hacemos es un llamado de unidad a todos los sectores sociales y alternativos del Tolima, para rescatar al departamento de las garras de la corrupción, de las famiempresas electoreras que coaptaron la democracia".

Una de las principales sorpresas fue la presencia del concejal Lisandro Trujillo, quien hasta ahora no se había incluído públicamente en la oposición. De hecho, fue el único de los cuatro concejales que votó a favor el Plan de Desarrollo Ibagué Vibra. "Yo siempre he sido de la oposición y lo seguiré siendo. En lo que se haga en beneficio de la ciudad, seré un soldado más, para que Ibagué crezca y sea próspera", respondió el cabildante. 

En cuanto a las propuestas, los concejales explicaron que se centrarán en resolver los problemas más cotidianos de la ciudadanía, a través de la gestión de los recursos públicos. "Anunciamos que pondremos en marcha los que hemos denominado 'Foros por Ibagué con la Bancada de Oposición', donde recorreremos barrios, comunas y corregimientos recogiendo las necesidades más sentidas en el territorio, velando por hacer que los funcionarios cumplan con las soluciones aplazadas por meses y años", puntualizaron. 

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¿Escándalo de corrupción?

En medio del anuncio sobre la formalización de la Bancada de Oposición, el concejal Rubén Darío Correa reveló lo que podría ser un escándalo de corrupción que comprometería al alcalde Andrés Hurtado y todo el movimiento político que lo rodea.

"Ingenieros nos han dicho que en las elecciones del 2019 se habrían pagado hasta $200 millones por puntos en entidades, para obtener contratos a futuro. Por eso pedimos que la Fiscalía investigue a profundidad si en verdad se vendieron 50 puntos, para comprometer la contratación estatal (...) Hay que ver si tiene relación con las muchas denuncias de licitaciones chaleco que se las ganan exprofesores de funcionarios públicos; pliegos amañados y demás", aseveró el concejal Correa.

Es decir, que según las versiones que él conoció, los contratistas que ahora se están ganando las licitaciones 'chaleco', habrían pagado por ellas en las elecciones del 2019, cuando Andrés Fabián Hurtado ganó la Alcaldía de Ibagué. La delicada denuncia también comprometería a la Gobernación del Tolima, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) y entidades descentralizadas de la Alcaldía de Ibagué, que estarían direccionando las licitaciones públicas a favor de determinados contratistas.

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"Vamos a hacer un sesudo debate de control político, de contratación estatal, con pruebas en la mano, para decirle a la Fiscalía y los entres de control, que el Tolima no puede seguir siendo el noveno departamento más corrupto de Colombia. La tarea de la Fiscalía será crear una unidad especializada, que intercepte chats y comunicaciones, que acceda a las cuentas de funcionarios públicos que ahora pueden estar comprando lujosos vehículos o grandes viviendas", concluyó el cabildante.