Como suele ocurrir en casi todas las ocasiones, el proceso para elegir al próximo contralor municipal de Ibagué avanza en medio de cuestionamientos por aparente falta de transparencia y hasta un posible favorecimiento a la institución de educación superior que finalmente se quedó con el contrato de $18 millones.

Se trata del contrato 135 de 2025 que celebró el Concejo Municipal de Ibagué con la Corporación Universidad de la Costa (CUC) desde el pasado 8 de agosto, a través de un proceso de selección de mínima cuantía. Proceso que ha generado suspicacia por varios aspectos.

El principal de ellos consiste en el pasado del rector de la CUC, Eduardo Alfonso Crissien Borrero, quien fue representante a la Cámara durante 12 años avalado por el Partido de la U, el mismo del cual hace parte el hoy presidente del Concejo de Ibagué, Camilo Acevedo, y el mismo que preside en el Tolima el exalcalde Andrés Fabián Hurtado.

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La institución que dirige el exrepresentante a la Cámara tendrá a su cargo el apoyo técnico, jurídico y administrativo del proceso para elegir al contralor municipal de Ibagué del periodo 2026-2029. Sin embargo, en los últimos años, desde que Eduardo Alfonso Crissien llegó a la rectoría de la CUC en 2021, la institución se ha visto envuelta en escándalos por aparentes irregularidades detectadas en medio de los procesos para proveer a contralores departamentales o municipales.

El más reciente episodio tiene que ver con la indagación que le abrió la Procuraduría General de la Nación en agosto de 2025 por presuntas irregularidades en la elección del contralor departamental del Putumayo para los periodos 2022-2025 y 2026-2029. El ente de control investiga a funcionarios de la Asamblea del Putumayo y de la CUC por presunta vulneración a los principios de “planeación y selección objetiva”.

Antes, en 2023, la Procuraduría también le abrió una indagación a la mesa directiva del Concejo de Popayán por aparentes irregularidades en el concurso de méritos para elegir el personero de esa ciudad, el cual dirigió la CUC en 2021. El Ministerio Público cuestionó la falta de estudios previos para contratar a la institución educativa.

Se pronuncia Acevedo

Ante los cuestionamientos que surgieron contra el proceso para elegir al nuevo contralor, el presidente del Concejo de Ibagué defendió su transparencia argumentando que se hizo a través de un proceso de mínima cuantía y no por contratación directa, aunque la norma se lo permitía.

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“Establecimos que la mejor forma de escoger la institución era a través de un proceso de selección. Nos abstuvimos de hacerlo de manera directa porque queríamos darles mayor tranquilidad a los ibaguereños, garantizar la libre concurrencia y cumplir con los principios de la contratación pública”, arguyó Acevedo.

Si bien en el proceso de mínima cuantía pueden competir libremente las 96 instituciones habilitadas por el Ministerio de Educación para adelantar procesos de elección de contralores, dicha modalidad también le permite al contratista subestimar su oferta económica, para así casi que asegurarse la adjudicación. En este caso, para el proceso por $22 millones, la CUC presentó una oferta muy inferior, de $18 millones, que se convirtió en ganadora.

“Hoy nos da tranquilidad ver que la misma universidad ya viene acompañando procesos de elección de contralor municipal, departamental y distrital en diferentes regiones del país, lo que refuerza la confianza en el trabajo que adelanta en Ibagué”, subrayó Acevedo, quien pasó por alto mencionar las investigaciones recientes abiertas en contra de la universidad.

Lo que está en juego

Así avanza el proceso para designar al nuevo contralor, cargo que puede dar tranquilidad o dolores de cabeza al mandatario de turno y sus predecesores. En sus manos tiene el contralor la posibilidad de engavetar o agilizar procesos de auditoría, de responsabilidad fiscal o control de resultados.

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Asimismo, se les acusa a los contralores de presionar a los alcaldes de turno y negociar su silencio. De hecho, en su momento el exalcalde Andrés Hurtado cuestionó a la hoy contralora Edna Margarita Murcia Guzmán y a su esposo Antonio Fajardo, a quienes de soslayo tildó de extorsionistas.

Pues bien, la gestión de Murcia Guzmán, que terminará el próximo 31 de diciembre, se ha caracterizado por la falta de control fiscal efectivo y el silencio de la entidad ante múltiples escándalos de corrupción conocidos en Ibagué durante los últimos años. Lo que ha terminado por beneficiar a Hurtado y a la hoy alcaldesa Aranda.

La polémica por el contrato del Concejo de Ibagué y la CUC también coincidió con la visita que Hurtado y Aranda hicieron el pasado jueves 4 de septiembre a Barranquilla, ciudad donde tiene su sede la institución universitaria. Ese día la alcaldesa y el exalcalde, supuestamente distanciados, coincidieron en Barranquilla.

Hurtado se dejó ver en el estadio para el partido de la Selección Colombia, y Aranda junto al alcalde de esa ciudad, Alejandro Char. Otra coincidencia que siembra más dudas que certezas sobre la transparencia con la que avanza la elección del nuevo contralor.