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La fiesta en el Murillo Toro: el caso que puede marcar la primera condena penal de Andrés Hurtado
El exalcalde Andrés Hurtado enfrentará el fallo del proceso judicial por el presunto uso indebido del estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.
Han pasado más de cinco años desde que estalló el escándalo por el presunto uso del estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué para celebrar el cumpleaños del hijo del entonces alcalde Andrés Hurtado. El próximo 27 de julio, la justicia definirá si termina con una condena contra el exmandatario.
El caso ha recorrido un largo camino judicial desde marzo de 2021, cuando el entonces concejal Rubén Darío Correa denunció, a través de un debate de control político en el Concejo de Ibagué, el presunto uso de uno de los principales escenarios deportivos de la ciudad para una celebración de carácter familiar. La denuncia, sustentada con videos, fotografías y testimonios, dio origen a una investigación de la Fiscalía y tiene hoy, contra las cuerdas al exmandatario.
La fiesta
La génesis de este caso se remonta al 6 de marzo de 2021, cuando se conoció la realización de un presunto evento privado en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Según las denuncias y el material fotográfico conocido en ese momento, al menos 50 personas y cerca de 40 vehículos habrían ingresado al escenario deportivo para celebrar el cumpleaños del hijo menor del entonces alcalde Andrés Hurtado.
(Fragmento de vídeo tomado el 6 de marzo de 2021 por un testigo presencial de los hechos)
De acuerdo con fotografías, videos, testimonios y demás elementos probatorios recopilados por la Fiscalía, al lugar ingresaron, además de los invitados, bebidas, árbitros, narradores deportivos, sillas, bombas, sonido profesional y otros elementos de decoración, evidencias que, según el ente acusador, demostraban que en el estadio se estaba realizando una fiesta infantil y no una actividad institucional o deportiva autorizada.
Uno de los principales elementos probatorios es un video captado con un dron. En las imágenes se observa a un grupo de niños disputando un partido de fútbol sobre la gramilla del estadio, mientras que, en el sector sur, donde se ubican los camerinos y presuntamente se realizó la celebración, permanece reunido un grupo de personas. En ese lugar la Fiscalía señaló la presencia del exalcalde Hurtado y el exgerente del IMDRI, compartiendo con los asistentes.
Este hecho fue registrado y revelado por los medios de comunicación de Ibagué, quienes se enteraron de lo que ocurría en el estadio, mientras la celebración se llevaba a cabo.
El debate de control político
Días después, el entonces concejal Rubén Darío Correa llevó el caso al Concejo de Ibagué mediante un debate de control político que terminó convirtiéndose en el punto de partida del proceso judicial contra Andrés Hurtado. Allí cuestionó si el estadio Manuel Murillo Toro había sido utilizado como un "club privado" del alcalde y pidió esclarecer si el evento correspondía a una actividad oficial o a una celebración familiar.

Correa aseguró que la denuncia surgió gracias a un ciudadano que ingresó al estadio, grabó en video lo que ocurría y posteriormente fue retirado del lugar por el personal que se encontraba en el lugar.
Con ese material, exigió explicaciones al entonces gerente del IMDRI, Alejandro Ortiz, sobre la autorización para utilizar el escenario, así como a la entonces secretaria de Salud, Johana Aranda, ahora alcaldesa de Ibagué y al secretario de Gobierno, Carlos Andrés Portela; y a la Policía Metropolitana, para establecer si el evento contaba con permisos, cumplía las medidas de bioseguridad y había recibido acompañamiento oficial.
La acusación
El 22 de junio de 2022, la Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra Andrés Hurtado y Alejandro Ortiz como presuntos coautores del delito de peculado por uso. Según el ente acusador, el 6 de marzo de 2021 ambos utilizaron de manera indebida el estadio Manuel Murillo Toro para celebrar el cumpleaños del hijo menor del entonces alcalde. Esta tesis contrasta con la versión de la defensa, que sostiene que Hurtado se encontraba en el escenario deportivo realizando una visita institucional para inspeccionar las obras y asistir a un campeonato de fútbol infantil.
La Fiscalía sostuvo que las pruebas recaudadas por el CTI evidenciaban la realización de un partido de fútbol infantil con árbitros y narración deportiva, el uso de un camerino para la celebración con alimentos, torta y regalos, así como el ingreso de vehículos a una zona del escenario no habilitada como parqueadero, hechos que, según la acusación, configuraron el uso irregular de un bien público con fines particulares.
Las dilaciones del proceso
El proceso también estuvo marcado por múltiples aplazamientos y cambios de defensa que retrasaron el avance del juicio. En febrero de 2023, la audiencia preparatoria fue suspendida a solicitud del abogado Iván Cancino, quien argumentó que no había tenido tiempo suficiente para estudiar el expediente.
Posteriormente, el entonces juez del caso advirtió posibles maniobras dilatorias tras los reiterados cambios de abogado por parte del exgerente del IMDRI, Alejandro Ortiz, e incluso recordó que ese tipo de estrategias ya habían sido utilizadas en el proceso por los denominados "piques ilegales", que terminó con el vencimiento de términos a favor de Andrés Hurtado.
En octubre de 2024, el Tribunal Superior de Ibagué rechazó los intentos de la defensa de excluir las principales pruebas de la Fiscalía y permitió que el juicio continuara.
Vale recordar que Iván Cancino, quien ejerció la defensa de Hurtado durante buena parte del proceso, renunció a los poderes judiciales en julio de 2026 al asumir como ministro de Justicia del gobierno de Abelardo De la Espriella.
El sentido del fallo
El próximo 27 de julio, el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Ibagué dará a conocer el sentido del fallo dentro del proceso por presunto peculado por uso contra el exalcalde Andrés Hurtado y el exgerente del IMDRI, Alejandro Ortiz.
Durante el juicio, la Fiscalía y el Ministerio Público solicitaron una sentencia condenatoria al considerar que quedó demostrado que el estadio Manuel Murillo Toro fue utilizado para celebrar el cumpleaños del hijo del entonces mandatario. La defensa, por su parte, sostuvo que Hurtado se encontraba realizando una visita institucional al escenario deportivo y pidió la absolución de ambos procesados.
La decisión del despacho judicial definirá si las pruebas presentadas durante el juicio son suficientes para emitir un fallo condenatorio o absolutorio. De ser condenado, Hurtado afrontaría la primera decisión penal adversa derivada de su paso por la Alcaldía de Ibagué, luego de que el proceso por los denominados "piques ilegales" en el aeropuerto Perales terminara con el vencimiento de términos.
A este panorama se suma la sanción disciplinaria impuesta en primera instancia por la Procuraduría General de la Nación, que destituyó e inhabilitó por 12 años a Hurtado por participación indebida en política durante un evento institucional realizado en septiembre de 2023, en el que, según el organismo de control, favoreció la candidatura de Johana Aranda a la Alcaldía de Ibagué.
Como antecedente, se agrega la reciente condena en segunda instancia de 16 meses de prisión contra el actual secretario General de la Gobernación del Tolima, Carlos Andrés Portela, quien durante la administración de Hurtado se desempeñó como secretario de Gobierno y fue declarado responsable por el delito de peculado por uso indebido de bienes oficiales.
El caso del estadio no es el único frente judicial que enfrenta Hurtado. Este mismo mes también compareció ante la justicia por el denominado "puente fantasma" de la calle 60, donde la Fiscalía busca imputarle cargos por presuntas irregularidades en la contratación de la obra. Sin embargo, esa diligencia fue suspendida luego de que el juez se declarara impedido por un presunto conflicto de interés.
Así, julio se convirtió en un mes decisivo para el exalcalde, con dos de los procesos más emblemáticos de su administración avanzando de manera paralela y con decisiones que podrían marcar su futuro político y judicial.
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