La Fiscalía General de la Nación vinculó a un proceso penal al exalcalde de Honda, Tolima, y hoy diputado a la Asamblea del departamento, Juan Guillermo Beltrán Amortigua, junto a la ex secretaria de Salud y Proyectos Sociales, Lina Rocío Barreto Hoyos, y la contratista Otilia del Pilar Morales Giraldo. Las investigaciones están fundamentadas en presuntas anomalías detectadas en la suscripción y ejecución de un convenio de apoyo logístico tramitado en el año 2017.

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Un fiscal adscrito a la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima formuló la imputación de cargos conforme a la participación individual de cada involucrado. Los delitos atribuidos corresponden a peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público. Durante la audiencia respectiva, los tres investigados no aceptaron los cargos presentados por el ente de control.

El propósito de este contrato correspondía a la prestación de servicios de logística para el desarrollo de las olimpiadas deportivas y recreativas del municipio, por un presupuesto total de $11'341.000. De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados, se habrían omitido las previsiones y exigencias fijadas por la normativa vigente para la contratación estatal.

Según el reporte del organismo investigador, el entonces mandatario local suscribió la aceptación de la oferta y el acta de liquidación sin corroborar la existencia de soportes documentales que justificaran la inversión de los dineros públicos. Este procedimiento derivó en la cancelación de los fondos a la contratista y la posterior apropiación no justificada de $7'841.000.

Por su parte, a la ex secretaria Barreto Hoyos, quien ejercía el rol de supervisora del contrato, se le atribuye la elaboración del informe de supervisión y el certificado de cumplimiento sin los documentos de respaldo requeridos. Asimismo, la investigación señala su presunta responsabilidad en la falsificación de dos actas de entrega asociadas al convenio.

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Finalmente, la contratista Morales Giraldo habría radicado los informes de ejecución omitiendo las constancias probatorias que acreditaran el desarrollo de la actividad contractual. La situación jurídica de los procesados se encuentra pendiente de resolución ante la autoridad competente, bajo la vigencia del principio constitucional de presunción de inocencia.

*Con información suministrada por la oficina de prensa de la Fiscalía General de la Nación.