Sectores de Picaleña, Ciudadela Comfenalco, Las Américas, Bello Horizonte, Villa Marina, Nuevo Horizonte, entre otros puntos de la ciudad, el agua no les llega con la misma presión de antes ni la frecuencia, además de disminuir el ‘chorro’, los cortes en el servicio se han vuelto reiterativos.

El temor del porqué se estaría presentando esta situación gira en torno a que con los numerosos proyectos nuevos de vivienda, el suministro de agua se ve afectado y son los barrios tradicionales los que están sufriendo las consecuencias.

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Ante esto surge la pregunta válida de Andrés Torres, habitante de la Ciudadela Comfenalco. “¿De dónde están sacando el agua para surtir todos esos nuevos proyectos como el de La Samaria, si el tanque del Ibal de la Fiscalía nunca se hizo y era para abastecer el sector? Claramente se nota una descompensación en el suministro”.

A propósito de esta delicada situación que se está presentando en la ciudad, la veeduría VAPI (Agua para Ibagué), ha acudido por intermedio de la Procuraduría Regional del Tolima y Contraloría General-Gerencia Tolima, para que se le expida documentación sobre 4 proyectos licenciados por las curadurías urbanas de Ibagué.

En la documentación solicitada, esta veeduría pide que se le informe sobre disponibilidad hidrosanitaria y demás servicios públicos, licencias de urbanismo y de construcción, con respecto a los proyectos ‘Urbanización Colinas de Calamar’; ‘Lotus (Constructora Pomar); ‘Mirador de San Fernando’ y ‘Altos de Miramar’.

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Afirma Vapi en la carta de solicitud que “Para que todo este desastre para la ciudad se esté materializando, se requieren muchas voluntades:

• Se requiere quien otorgue licencias de urbanismo y construcción.

• Se requiere quien expida disponibilidades hidrosanitarias sin poder dar estos

servicios.

• Se requiere que la planeación de la ciudad no haga control de urbanismo.

• Se requiere que desde el gobierno se otorguen todo tipo de autorizaciones y

permisos.

• Se requiere el silencio de la autoridad ambiental.

• Se requiere un POT que duerma el sueño de los justos por más de 6 años en

despachos judiciales.

• Se requiere del silencio de los órganos de control.

• Se requiere de mucha plata.

Sobre la urbanización Colinas de Calamar; VAPI señala que allí se realizaron intervenciones sin ninguna técnica sobre las laderas contiguas a los lotes urbanizados, “¿Dónde estaba Cortolima? ¿Será posible que exista el permiso de venta para esos lotes “urbanizados” cuando existen muchas otras actividades del urbanismo sin iniciar/concluir?”.

En referencia al proyecto Lotus, (50 mts. antes del batallón Rooke), también se pregunta si se “¿Respetaron las rondas hídricas?, ¿Existió tala de árboles?, ¿Este proyecto fue debidamente licenciado?, ¿Este proyecto tiene disponibilidad hidrosanitaria y demás servicios públicos?, ¿Quién ha verificado que se esté cumpliendo con el índice de ocupación e índice de construcción?, ¿Quién revisa y verifica efectivamente que se esté cumpliendo con las cesiones al municipio?, ¿A cuántos de esos lotes les fue cambiado el uso del suelo?”, entre otros interrogantes.

En el mismo sentido se refiere esta veeduría a los proyectos ‘Mirador de San Fernando’ y ‘Altos de Miramar’. Afirma que estos nuevos rascacielos de la ciudad se encuentran muy cerca al Batallón de Infantería Jaime Rooke. “¿Este sector de Boquerón se está convirtiendo en el nuevo polo de desarrollo de la ciudad?”, pregunta VAPI.

Lo cierto es que después del viacrucis que denunciaron los habitantes del conjunto Alminar Samoa y lo que empiezan a padecer los pobladores de sectores como Picaleña y El Salado, entre otros, se espera un pronunciamiento de los órganos de control y por supuesto de entidades como IBAL y la Secretaría de Planeación.

La sospecha es que se han estado expidiendo disponibilidades hidráulicas a futuro muy incierto. De resultar verídica esa situación, Ibagué estaría ad portas de entrar en un colapso de proporciones impredecibles.