El exalcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, volvió a pronunciarse, esta vez a través de un video compartido en redes sociales. No lo hizo sobre los casos judiciales que enfrenta por el llamado Puente Fantasma de la 60 y el estadio Manuel Murillo Toro, sino para dar una clase de “ética y moral” sobre el manejo de los recursos públicos.

Esta vez puso el foco en el Programa de Alimentación Escolar (PAE): “Cada peso tiene dueño. Nuestros niños”, afirmó al defender la gestión que tuvo el programa durante su administración.

• Puede leer: Hurtado rechaza imputación de la Fiscalía por el puente de la 60

El exalcalde cuestionó al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, quien ha sido señalado públicamente por el presidente Abelardo de la Espriella por presuntos hechos de corrupción, y habló de la necesidad de vigilar cada peso destinado a la alimentación de los estudiantes, mientras enfrenta un proceso judicial y una condena en primera instancia por otro caso.

Hace pocos días, la Fiscalía le imputó a Hurtado los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, por presuntas irregularidades relacionadas con el contrato de interventoría del puente de la calle 60. Hurtado no aceptó los cargos.

• Además: Fiscalía pide 30 meses de prisión para Andrés Hurtado tras fallo

A este caso se suma el proceso por el uso del estadio Manuel Murillo Toro para una fiesta privada, presuntamente, para celebrar el cumpleaños de su hijo en el escenario deportivo. Por estos hechos, un juez lo declaró culpable en primera instancia por peculado por uso y lo condenó a 30 meses de prisión. La defensa apeló la decisión.

En medio de este panorama, Hurtado volvió a hablar de transparencia y manejo de recursos públicos que, según sus propias palabras, debe estar por encima de “cálculos políticos e intereses particulares”.

Hurtado ya había sido investigado por el episodio de los llamados “piques ilegales” en el aeropuerto Perales, cuando se desempeñaba como administrador del terminal aéreo. La investigación por el delito de peculado por uso terminó archivada por preclusión.

También  fue investigado y sancionado en primera instancia por la Procuraduría por presunta participación indebida en política. Sin embargo, en septiembre pasado, el Ministerio Público revocó esa decisión y archivó definitivamente el proceso.