El informe de auditoría que realizó la Contraloría Municipal de Ibagué a la ejecución de su Plan de Desarrollo, dejó mal parada a la administración del exalcalde Andrés Hurtado. En total, su gobierno incumplió 56 metas, de las 443 que tenía previstas.

En principio, el ente de control detectó 90 metas incumplidas en la administración de Hurtado. Sin embargo, al final de la auditoría dejó en firme 56 incumplimientos.

Entre las metas incumplidas por Hurtado, se destacan algunas como construir el Mega CAPA, gestionar la central de abastos, construir 150 kilómetros de placa huellas y el Centro Regional de Víctimas.

Asimismo, incumplió otras metas de carácter social. Como construir la política pública de la población afrodescendiente, cumplir con el transporte escolar y brindar apoyos económicos a personas discapacitadas. A su vez, figura entre los incumplimientos la falta de intervención o mejoramiento de 80 sedes de instituciones educativas.

“Se evidencia como causa la debilidad en el seguimiento que debe ejercer la administración del municipio de Ibagué por intermedio de la Secretaría de Planeación al interior del cumplimiento de metas planificadas en el citado Plan de Desarrollo”, reza el informe.

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Por tanto, la Contraloría calificó las faltas como un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, por la “debilidad en la planeación para el cumplimiento de metas establecidas en el Plan de Desarrollo”.

Por su parte, la Alcaldía expuso que los incumplimientos se debieron a la pandemia del coronavirus, argumento que desvirtuó el ente de control.

Sobrecostos

Otro de los aspectos preocupantes del informe, se refiere al hallazgo con incidencia disciplinaria y fiscal por el detrimento patrimonial que asciende a los $1.305.055.794. Esto, por los exorbitantes pagos de la administración de Hurtado para el transporte escolar del año 2022, los cuales superaron por mucho a la inversión prevista inicialmente.

Para la zona rural, se tenía previsto pagar el transporte escolar de 11 instituciones educativas por un valor de $204.647.294. Sin embargo, la administración de Hurtado pagó $1.057.458.2 59. Es decir, cuatro veces más. La diferencia entre lo que se debía pagar y lo que se pagó fue de $852.810.965.

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Por ejemplo, para la institución educativa Ambiental Combeima, se debían pagar $28.179.940, pero finalmente el costo fue de $146.534.653,

Lo mismo ocurrió con las 31 instituciones del sector urbano, por las que se debía pagar $149.429.735. No obstante, se pagó $601.674.564. Para una diferencia de $452.244.829. “Evidenciándose un mayor valor pagado sin soportes que lo sustenten”, expone el informe.

El caso más representativo en el sector urbano fue el del colegio Francisco de Paula Santander, por el que se debía pagar $27.101.935, pero terminó costando $112.991.998.

“Se efectuaron pagos superiores a los establecidos normativamente, lo cual genera un posible detrimento patrimonial estimado por el valor de $1.305.055.794, comprometiendo los principios de eficiencia, eficacia y transparencia en el uso de los recursos públicos asignados al programa de transporte escolar”, sentencia la Contraloría.