El Gobierno Nacional, a través del ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció que prepara una respuesta legal frente a la determinación del Juzgado 34 de Familia de Bogotá. La decisión judicial ordena a la Presidencia, al Ministerio de Defensa y a las fuerzas armadas abstenerse de realizar bombardeos en zonas donde exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de niños, niñas y adolescentes.

• Lea también: Gobierno deroga resolución que suspendía la aspersión con glifosato en Colombia

El jefe de la cartera política, sostuvo que la medida judicial fija un criterio de amplitud que dificulta la operatividad militar en el territorio. Según el ministro Lara, sostener dicho requisito técnico en un contexto de reclutamiento ilícito por parte de grupos armados genera un efecto práctico restrictivo para las acciones de la fuerza pública en las zonas de conflicto.

La tesis de la cartera política sostiene que la restricción condiciona el accionar militar y restringe la capacidad de intervención estratégica del Estado en territorios con presencia de grupos al margen de la ley. Según la postura oficial, exigir ciertos niveles de certeza previa sobre el reclutamiento ilícito en objetivos militares podría derivar en un obstáculo para el control territorial por parte de la fuerza pública.

Los fallos de la justicia se respetan, pero también pueden - y deben - ser objeto de crítica.

Ordenar la abstención de una operación aérea cuando exista información “cierta, objetiva o razonablemente verificable” sobre la presencia de menores reclutados establece un criterio de… https://t.co/qjV7UfI6QP

— Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) September 3, 2026

>

El pronunciamiento judicial del Juzgado 34 de Familia de Bogotá dispone que las instituciones del sector defensa deben aplicar de forma inmediata los principios del derecho internacional humanitario, tales como la distinción, precaución y proporcionalidad. El fallo enfatiza la obligación de priorizar la protección de la infancia y la juventud en los escenarios del conflicto armado interno.

La determinación se adoptó en medio del debate por el fallecimiento de cuatro menores de edad durante operativos en las regiones del Guaviare y el Catatumbo. Respecto a estos hechos, el ministro de Defensa, Jorge Mora, señaló que los menores actuaban como combatientes en las estructuras armadas de las disidencias vinculadas a alias Calarcá.

Puede leer: La caminata de Abelardo de la Espriella entre muertos desata fuertes críticas

Por su parte, el Ministerio de Defensa y la Jefatura de Estado respaldaron los procedimientos adelantados por las Fuerzas Militares en el combate a las organizaciones al margen de la ley. La administración central atribuyó la responsabilidad de los riesgos y desenlaces fatales a las organizaciones armadas que recurren a la práctica del reclutamiento forzado de menores.