Por Kevin Herney Castañeda

Según el DANE, entre 2019 y 2020 la cantidad de micronegocios en Colombia tuvo una variación porcentual de -8,3%, es decir, 509.370 microempresas se vieron obligadas a cerrar en medio de la pandemia por covid-19.

 El cierre de microempresas, la desaceleración de la productividad y un tardío plan de contingencia para amortiguar los efectos negativos en la economía de personas jurídicas y naturales, hizo que incrementara 5,4% más la tasa de desempleo y ubicó en 42,5% la pobreza en Colombia. ¡Sí! , casi la mitad de los colombianos son pobres.

Mientras esto ocurría, la acción del Estado se focalizó en atender al sector financiero a través de 2 movimientos claves:

En primer lugar, el Banco de la República redujo a un mínimo histórico de 1,75% la tasa de interés, además, rebajó el encaje bancario de 11%  a 8% para liberar 9 billones de pesos (liquidez) que permitirían impulsar el desembolso de créditos o crear nuevos préstamos, y de esa forma trasladar el beneficio a los usuarios. 

Aunque ambas medidas se pensaron para ser trasladadas al usuario, las cifras registradas por la superintendencia financiera en el primer trimestre del presente año,  sobre quejas por “revisión y liquidación”, es decir, cuando el usuario no está de acuerdo con cómo se le viene cobrando una deuda que tiene con una entidad y por lo tanto, solicita revisión de lo que ha pagado y de lo que tienen, evidenciaron el incumplimiento de este traspaso de beneficios. Ahora, aunque los bancos se defienden asegurando que el traslado de dichos beneficios requiere tiempo,  muchos expertos aseguran que hubo una mala política de traslado y falta de voluntad por parte del Gobierno y la superfinanciera para exigir cumplimiento.  

En segundo lugar, el Gobierno Nacional Central le concedió la operación de recursos públicos destinados para programas sociales creados con el objetivo de mitigar los impactos económicos del confinamiento, medida que disparó la creación de cuentas de ahorro (76.958.592). 

Entre los programas se encuentran: “el ingreso solidario”, con un presupuesto inicial de $24.000 millones de pesos (recuerden que lo han extendido); el Programa de Apoyo al empleo Formal (PAEF), que durante 11 meses busca subsidiar el 40% del salario ($351.000) de cada empleado adscrito a la nómina de la empresa beneficiada y; el programa “Mi casa ya”, un estímulo al crédito hipotecario en donde el Estado aporta entre $7,7 y $12,8 millones de pesos para la cuota inicial y un aporte al pago mensual de la deuda. Vale la pena mencionar que el 67,32% de estos créditos se gestionan con entidades financieras. 

En este contexto parece que para los bancos no hubo recesión económica. Para ejemplificar un poco, según los estados financieros del Grupo Aval, descontando los $1,8 billones de pesos que paga en impuestos, el incremento del 4,7% en gastos, en donde se incluye la adquisición de Multi Financial Group, Inc. (MFG) y  teniendo en cuenta que el deterioro de la cartera de créditos y cuentas por cobrar tuvo un incremento del 49,4%; las utilidades netas del conglomerado en el año de la pandemia fueron de $4,63 billones de pesos, lo cual representó una caída de 13,7% en comparación con el año anterior. 

Ahora, pese a esta “perdida” en actividades financieras, los ingresos en actividades no financieras obtuvieron un incremento del 19%, especialmente en sectores de energía y gas, debido a que su consumo incrementó por cuenta del confinamiento. Además, su estrecha relación con el sector inmobiliario, la operatividad de los programas en mención y los beneficios de liquidez otorgados por el Banco de la Republica mejoraron aún más sus números. 

Ahora, teniendo presente que el gobierno operó sobre la interpretación de “ayudar al banco para ayudar a la economía del país”, las preguntas que quiero traer a colación y el punto de esta columna es: ¿La situación socioeconómica de los colombianos mejoró con estas medidas?, ¿A la fecha sí se sienten los beneficios?

No es mi intención estigmatizar al sector financiero, pero sí debería ser más condescendientes con el usuario, sobre todo cuando literalmente este es dueño de la mayoría del dinero que maneja y; por los lados del Gobierno, dado los datos ofrecidos en principio, quizá debió, y debe, revisar o ajustar sus prioridades. 

*Politólogo de la UT

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