La Defensoría del Pueblo requirió al Gobierno nacional y a los organismos de gestión del riesgo la asignación inmediata de presupuesto, apoyo aéreo y personal en Tolima para frenar la vulneración de derechos básicos en las comunidades. El pronunciamiento institucional establece que la prolongación de la emergencia pone en peligro directo la salud, el abastecimiento de alimentos y la permanencia de las familias en sus territorios.

• Puede leer: "El Tolima es un departamento que quiero tanto": De la Espriella anuncia plan de recuperación tras incendios

El balance presentado por el órgano fiscalizador registra 54 días consecutivos de conflagraciones activas en 25 municipios, con la destrucción de más de 60.000 hectáreas. Las pérdidas consolidadas superan las 75.000 toneladas de alimentos y 290.000 toneladas de pastos, afectando la economía de 5.500 pequeños y medianos productores agropecuarios en 1.182 veredas.

La exigencia de la entidad prioriza la resolución del desabastecimiento hídrico, con foco en Ortega, donde la destrucción de tres acueductos mantiene a 15 veredas dependientes de un carrotanque cada 23 días. Frente a esto, el organismo demandó la entrega de mangueras, tanques de almacenamiento, motobombas y la construcción de reservorios comunitarios para asegurar el consumo humano.

En el plano económico, la entidad instó al Ministerio de Agricultura y a la banca pública a aplicar alivios financieros automáticos, frenar los cobros de deudas a los agricultores afectados y brindar asistencia técnica. La solicitud busca evitar el endeudamiento sin garantías de cosecha y prevenir el desplazamiento forzado de campesinos hacia los cascos urbanos.

• Lea también: Gobierno crea Zona Económica Especial para la reactivación en el Tolima

Respecto a la respuesta operativa, la Defensoría exigió la dotación urgente de trajes de protección, herramientas de corte y bombas de espalda para bomberos y Defensa Civil, cuyos equipos sufren deterioro directo en el terreno. Paralelamente, conminó a las autoridades departamentales a garantizar recursos para la formalización de cuerpos de socorro en siete municipios que operan sin convenio.

El requerimiento incluyó la ampliación de los equipos de rescate animal ante la muerte documentada de especies nativas como borugas, armadillos y osos hormigueros por quemaduras. Adicionalmente, el organismo reclamó el inicio de las obras de reparación de viviendas y sedes educativas dañadas, al constatar la ausencia de avances físicos en la infraestructura afectada.

• Puede leer: Abelardo de la Espriella declara la calamidad pública en el Tolima

La Defensoría del Pueblo solicitó de manera categórica a la Fuerza Pública y a los entes de investigación a establecer las responsabilidades penales e intereses detrás del origen de las quemas en el departamento. La entidad mantendrá el seguimiento de las acciones estatales para verificar la ejecución de los recursos asignados y el cumplimiento de las garantías constitucionales en la región.

*Con información obtenida de la página web de la Defensoría del Pueblo