La Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto 1390 de 2025, “por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional”, el cual había sido decretado por el Gobierno Nacional en diciembre de 2025.

Esto se deriva de la negativa del Congreso a la Ley de Financiamiento solicitada por el Gobierno Nacional. Asimismo, la Corte señaló que los Decretos Legislativos 1474 de 2025 y 044 de 2026 continuarán sin producir efectos hasta tanto la Sala Plena profiera una decisión definitiva sobre su constitucionalidad.

De acuerdo con la Sala, el decreto “no cumplió con los requisitos exigidos por la Constitución Política de 1991”. Para la Corte, la negativa al proyecto tributario por parte del Congreso no constituye “un hecho nuevo o inesperado que irrumpe súbitamente en el orden institucional”, sino un resultado posible y conocido del proceso legislativo, que debe ser gestionado a través de los mecanismos ordinarios de política fiscal, presupuestal y de diálogo interinstitucional.

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La respuesta de Petro

Por su parte, el presidente Gustavo Petro respondió a la decisión de la Corte Constitucional: “El decreto de emergencia asume el trabajo legislativo de manera transitoria y se adopta porque no se pueden esperar los tiempos del trámite legislativo en el Congreso para evitar daños al país”, explicó el mandatario.

Señaló que el Congreso discutió en dos oportunidades la Ley de Financiamiento y no la aprobó, lo que, según él, generó un daño sobreviniente en la deuda pública. Por ello, consideró necesario que, durante el receso legislativo de enero, fuera la Corte la que avalara la emergencia económica.

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“La Corte Constitucional, al no aprobar la emergencia y suspenderla, lo que hizo fue materializar lo que era un hecho sobreviniente probable: efectivamente se encareció la deuda en billones de pesos y, además, fuimos víctimas de un imprevisible caso de crisis climática que obligó a presentar una nueva emergencia económica”, señaló.

Asimismo, indicó que esto corresponde a cuatro actos de desfinanciación del presupuesto del Gobierno: dos por la Corte y dos por el Congreso. “Esto implica que la deuda ha pasado de niveles del 7 % a niveles del 13 % de tasa de interés, una verdadera pérdida de riqueza nacional que pasa a ser utilidades de los dueños del sistema financiero”, concluyó.