El Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca y Anaime se movilizó este lunes 15 de septiembre hasta Bogotá para exigir la implementación de la consulta popular de 2017, en la que la comunidad decidió frenar el proyecto minero La Colosa, promovido por la multinacional AngloGold Ashanti, que pretendía convertir al municipio conocido como la Despensa Agrícola de Colombia en un distrito minero.

La iniciativa consistía en desarrollar en el Tolima una de las minas de oro a cielo abierto más grandes de América Latina, con graves riesgos sobre el agua, los suelos y la vocación agrícola de la región. La comunidad denuncia que la Agencia Nacional de Minería (ANM) no ha caducado el contrato EIG-163 de concesión minera de AngloGold Ashanti, a pesar de la consulta y de que la empresa, al parecer incumplió sus obligaciones contractuales.

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Pliego de peticiones

Según el Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca y Anaime, la empresa AngloGold Ashanti ha incumplido varias obligaciones dentro del contrato minero EIG-163, entre ellas el desarrollo de actividades en los tiempos pactados, la presentación de informes técnicos y financieros ante la ANM y, sobre todo, la obtención de licencias ambientales indispensables para operar. La imposibilidad de cumplir con estos requisitos, en un territorio que ya dijo “no” a la minería mediante consulta popular, constituye a juicio de la comunidad una causal suficiente para que se inicie el proceso de caducidad del título.

El viaje hasta la capital incluyó la entrega de un pliego de peticiones en la sede de la Agencia Nacional de Minería (ANM), con el respaldo de más de 35 procesos sociales del Movimiento Ambiental del Tolima. En el documento, la comunidad reclama la caducidad de los contratos mineros aún vigentes en la zona, el reconocimiento jurídico de la consulta como un mecanismo vinculante de participación ciudadana y la protección de Cajamarca y Anaime como despensa agrícola del país.

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El movimiento ambiental sostiene que el proyecto La Colosa, de minería a cielo abierto, no solo es inviable social y ambientalmente, sino que también se encuentra en abierta contradicción con las normativas que protegen el agua, la producción agrícola y la voluntad popular expresada en 2017. Por eso, el pliego de peticiones exige que la ANM actúe frente a los incumplimientos de AngloGold Ashanti y avance en la caducidad del contrato, en lugar de prolongar una concesión que, según la comunidad, carece de sustento legal y técnico.

La comunidad fue atendida

Aunque la ANM recibió a la delegación, los manifestantes expresaron que los funcionarios presentes parecían desconocer los detalles técnicos y jurídicos del caso. Pese a ello, sin embargo, la entidad adquirió compromisos: se programaron dos reuniones de seguimiento, con el fin de abrir un diálogo sobre la situación jurídica de los títulos que aún pesan sobre el territorio.

La comunidad anunció además que mañana martes 16 de septiembre acudirá al Ministerio de Ambiente para radicar el mismo pliego de peticiones, buscando que el Gobierno Nacional asuma su responsabilidad en la implementación de la consulta popular, que hace ocho años se convirtió en referente nacional e internacional de resistencia frente a la minería a gran escala.