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Auditoría obligó a diputado del Tolima a devolver pagos por sesiones a las que no asistió

Auditoría obligó a diputado del Tolima a devolver pagos por sesiones a las que no asistió

El diputado Conservador, Brayam Alfonso Escandón Castellanos.

La Contraloría Departamental del Tolima adelantó una auditoría al diputado Brayam Alfonso Escandón Castellanos, del Partido Conservador, a raíz de la denuncia No. D-027 de 2025, radicada el 4 de junio de 2025 bajo el número CDT-RE-2025-0002163. La queja señalaba presuntas irregularidades relacionadas con inasistencias reiteradas a sesiones de la Asamblea Departamental durante 2024, así como la presentación de incapacidades médicas que inicialmente fueron cuestionadas, y el pago de honorarios por sesiones a las que el diputado no habría asistido.

De acuerdo con el ente de control, el diputado registró inasistencias a 33 sesiones, de las cuales al menos cuatro no contaban con excusas debidamente soportadas, como lo exige la Ley 2200 de 2022. Estas corresponden a las sesiones ordinarias realizadas los días 1 y 18 de junio, 31 de octubre y 26 de noviembre de 2024.

Pese a estas ausencias, la Asamblea Departamental del Tolima realizó pagos por un total de $4.333.333,33, lo que configuraría un presunto daño patrimonial. El informe señala que dicho monto fue reintegrado únicamente cuando el diputado fue informado formalmente por la Contraloría, quien devolvió el dinero de manera voluntaria a la cuenta de la corporación.

El organismo de control también cuestionó la falta de controles por parte de la Mesa Directiva de la Asamblea, al advertir que los pagos fueron autorizados sin una verificación rigurosa de los soportes presentados para justificar las inasistencias.

Frente a la denuncia que advertía sobre la presunta falsedad de varias incapacidades médicas aportadas, la Contraloría solicitó información a Salud Total EPS. La entidad certificó que las incapacidades fueron emitidas inicialmente por la Clínica Nuestra de Ibagué y posteriormente transcritas por la EPS, por lo que cuentan con validez legal, desestimando así la acusación de falsedad documental.

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