La Fiscalía General de la Nación, a través de un despacho adscrito a la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima, imputó cargos al exalcalde del municipio de Prado Álvaro González Murillo, presuntamente implicado en irregularidades en la celebración de 17 convenios suscritos con una empresa creada, según el ente acusador, con el único fin de obtener dinero de manera ilícita, dinero del municipio.

Al proceso también fueron vinculados: Diana Carolina Romero Yara, exsecretaria de Desarrollo Social; Daniel Francisco Murillo Cupitra, primo del mandatario; Sindy Lorena Lozano Cabezas, esposa del primo y supuesta fundadora de la asociación contratante; y Gladys Lucía Cabezas Leonel, su suegra. 

Los procesados fueron imputados, según sus responsabilidades individuales, como presuntos responsables de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, prevaricato por acción y peculado por apropiación agravado en concurso homogéneo y heterogéneo. 

Empresa en tela de juicio

Los hechos investigados ocurrieron en el año 2016 cuando fueron celebrados numerosos convenios con la ‘Asociación Danylor Logrando Renovación para Colombia’. El objetivo era la realización de actividades lúdicas, brigadas de salud, actividades deportivas de diferentes colegios, alimentación escolar, atención de transporte y fiestas folclóricas del arroz, entre otros fines. 

El valor de los contratos celebrados entre el 15 de julio y el 21 de diciembre de 2016, ascendió a 414’459.324 de pesos, de los cuales el municipio de Prado transfirió a la asociación contratante 398’659.324 de pesos.

La entidad sin ánimo de lucro, como cooperante tenía que aportar 15’800.000, los cuales no fueron entregados, al parecer, mediante maniobras engañosas con las que habría simulado el pago.

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Cómo operaban

González Murillo, al momento de asumir el cargo creó, al parecer, la referida empresa con su primo Murillo Cupitra; todo con el fin de darles contratos a él y a sus parientes. Así, se incurrió en manejos amañados a los recursos públicos a través de contratos bajo la figura de convenios.

Se investiga, igualmente, la existencia de otra empresa creada bajo las mismas condiciones y con los mismos fines ilícitos. 

Ninguno de los implicados aceptó los cargos. La próxima audiencia será de preparatoria de juicio.  

Los posibles vínculos con el actual alcalde

El Cronista.co conoció que, el pasado 13 de febrero el alcalde Luis Ernesto Castañeda, celebró el contrato 051, por la suma de 373 millones 730 mil pesos, con la ‘Asociación Danylor Logrando Renovación Para Colombia’, cuyo contratista es Ronald Rodríguez Vargas, conociendo de antemano las investigaciones de que viene siendo objeto esta firma, por parte de la Fiscalía General de la Nación.

El documento señala que el objeto del contrato es la prestación de servicios para la atención integral a los adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad, tanto del casco urbano, como de la vereda Aco, de Prado.

De otra parte, se conoció un informe de la Contraloría departamental, en el que la empresa Asodanylor obtuvo contratos de reforestación, mantenimiento y aislamiento por un valor de 449 millones 549 mil 719 pesos, para la protección de la cobertura boscosa de las cuencas hídricas de Prado, pero no cumplieron con las cantidades contratadas, dejando a su vez vencer las pólizas de cumplimiento, sin hacerlas efectivas.

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El hallazgo administrativo daba cuenta, que el daño ambiental asciende a 286 millones de pesos.

El primero de agosto de 2018 la Procuraduría General de la Nación había destituido e inhabilitado por 12 años al alcalde Álvaro González Murillo.

El actual alcalde fue avalado por el partido Conservador, mientras Álvaro González Murillo lo avaló el partido de la U.

Contrato No. 051 de 2021 Con Asodanylor by El Cronista Ibagué on Scribd