Por: Edgardo Ramírez 

La democracia como apreciación de posibilidades posee un alto contenido de incertidumbre en las desiciones de sus gobernantes, lo que implica que las distintas opciones políticas tengan  el compromiso de exigir el cumplimiento de sus derechos y obligaciones contenidos en la ley, los acuerdos y tratados.

Aceptar la victoria con sensatez o la derrota con hidalguía en los certámenes electorales es un imperativo categórico y social para no desconocer los resultados sin un serio análisis que demuestre alteración o fraude de las elecciones de los integrantes de las agrupaciones políticas.

Hoy domingo 13 de marzo se definirá un  acuerdo de voluntades, que servirá necesariamente para cambiar por elección popular gran parte del Senado  y la Cámara de Representes y a su vez, escoger los candidatos independientes y de las consultas de los distintos partidos que estarán compitiendo el 29 de mayo para llegar a la presidencia y vicepresidencia de la república para el período 2022-2026, ya sea en primera vuelta quien obtenga la mitad más uno de los votos validos o en su defecto en segunda vuelta el 19 de junio, entre los dos candidatos que hayan obtenido mayor votación.

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Cualquiera que sea el resultado para los aspirantes, éstos deberán aceptarlo con hidalguía y decoro, de lo contrario, se pondría en duda la legalidad del mismo con la consiguiente protesta como ha ocurrido en otras épocas y latitudes por  no aceptar la derrota, que termina generalmente en expresiones violentas y no civilizadas que causan graves daños a la vida, los derechos sociales y la economía.

El país requiere y aspira un cambio en las costumbres políticas, por cuanto el Congreso funciona por autorregulación, y una de sus principales funciones es la de controlar al poder ejecutivo, actividad que ha sido extrañamente asumida parcialmente por la Corte Constitucional ante la falta de acción del Congreso.

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El control político en una sociedad como la actual, resulta cada vez más difícil de ejercer por el unanimismo basado en gabelas burocráticas que ha permitido  al ejecutivo, el control de todos los organismos del Estado y de contera la deslegitimación de la democracia. 

Para la necesaria realización del certamen electoral que cambiará el rumbo de la nación, los ciudadanos exigen veracidad del conteo de los votos y es obligación del CNE y la Registraduria Nacional, ofrecer esa seguridad  en el manejo de los registros y resultados. 

Ya circulan en las redes sociales quejas fundadas de los votantes en el exterior porque los funcionarios consulares no han cumplido con sus deberes de información y facilitación del voto, mientras la canciller y los organismos de control guardan silencio.

Estas  prácticas ilegales deben ser sancionadas y evitar que se repitan en las ciudades del país, para que el ciudadano crea en sus instituciones y su derecho al voto sea respetado como una demostración de civilidad y convivencia en el marco de las libertades para un país mejor.