Felipe Ferro

Diputado del Tolima

Centro Democrático 

En Colombia, enfermarse se ha convertido en una ruleta rusa. Mientras el presidente Petro insiste en imponer una reforma que ni el Congreso ni los expertos consideran viable, el sistema de salud colapsa ante la desfinanciación deliberada. Las filas eternas para recibir atención, la escasez de medicamentos y el cierre de servicios esenciales nos devuelven a la Colombia de los años 90, cuando la gente moría en la puerta de los hospitales esperando una cita.

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El mecanismo del giro directo, que supuestamente debía garantizar el flujo de recursos, está asfixiando a clínicas y hospitales. Hoy, estas instituciones reciben menos del 80 % de los pagos prometidos, generando pérdidas mensuales de al menos el 20 %. Como resultado, urgencias pediátricas, unidades materno-fetales y hasta servicios oncológicos están cerrando sus puertas. La Defensoría del Pueblo ha sido clara: el acceso a la salud se ha agravado dramáticamente desde 2023, con un alza en las quejas de pacientes desesperados. Pero el Gobierno, en lugar de corregir el rumbo, se aferra a su fallida reforma, concentrando el gasto en la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), una entidad sin capacidad para manejar semejante responsabilidad.

Para empeorar el panorama, tenemos un ministro de Salud que, tristemente, es del Tolima, pero lejos de representar con orgullo a su tierra, se ha convertido en el rostro de la arrogancia y la negligencia. Su actitud grosera con los medios de comunicación, su negativa a dar explicaciones sobre la grave crisis y su incumplimiento a la Corte Constitucional lo han convertido en un funcionario opaco e indolente. Mientras los enfermos del país claman por soluciones, él responde con evasivas y excusas. Su silencio y su incapacidad para gestionar la crisis solo agravan la tragedia.

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El efecto de esta política es devastador. Pacientes con enfermedades crónicas han tenido que interponer tutelas para recibir medicamentos básicos. Epilépticos sin sus anticonvulsivos, hipertensos sin tratamiento, enfermos de cáncer a quienes se les suspenden las quimioterapias a la mitad. La pregunta es inevitable: ¿es esto una estrategia de presión política para que el Congreso apruebe la reforma a la fuerza? Si lo es, se trata de una de las jugadas más crueles de este Gobierno, que prefiere dejar morir a los colombianos antes que aceptar que su modelo no funciona.

La reforma de salud de Petro no soluciona los problemas estructurales del sistema. La viabilidad fiscal del aseguramiento individual que plantea es nula, y concentrar el gasto en un solo actor es una bomba de tiempo. Mientras el Senado, con sensatez, anuncia que no aprobará una reforma tan lesiva, el Gobierno responde cortando los recursos y dejando que el sistema se desangre.

Petro está matando la salud. No con decretos ni leyes, sino con el abandono y la indolencia. Nos está devolviendo a la época en la que conseguir una cita con un especialista era un calvario y en la que la salud era un privilegio para unos pocos. ¿Hasta cuándo los colombianos soportaremos este experimento fallido? La salud no puede ser el campo de batalla de una guerra ideológica. Es momento de exigir soluciones reales, antes de que la negligencia de este gobierno cobre más vidas.