La iniciativa pretendía gravar productos básicos de la canasta familiar como el café, azúcar, chocolate y sal, pero gracias al rechazo social y la presión colectiva, al Gobierno no le quedó de otra que eliminar este punto de la reforma.

Se venía especulando sobre el documento definitivo y el jueves anterior, por fin el Gobierno dio a conocer el texto final que consta de 163 artículos radicado ante el Congreso de la República. Sobresale el aumento del IVA del 19% en el valor de los servicios públicos domiciliarios para los estratos 4, 5 y 6, así como el pago de renta de personas naturales que devenguen $2,5 millones mensuales. Las pensiones superiores a los $4,8 millones comenzarían a pagar impuesto de renta. La reforma abre la posibilidad que las ciudades capitales instaure peajes dentro del perímetro urbano, con el argumento de financiar el mantenimiento de las vías, esto bajo un concepto previo del Ministerio de Transporte y la aprobación del Concejo Municipal de cada ciudad. Y así sucesivamente, el texto de un poco más de 100 páginas viene cargado de impuestos y aumentos de IVA que ha causado sinapismo en gran parte de los colombianos.

Muchas voces en contra ha recibido este proyecto de ley, inclusive sectores cercanos al Gobierno han cuestionado esta reforma tributaria, la tercera en la era Duque. Y no es para menos, en un país sumido por la desigualdad y en medio de una pandemia, estas propuestas aumentan la angustia e incertidumbre de millones de personas y empresarios que apenas tratan de subsistir con lo poco que ha dejado esta crisis.

• (Puede leer: El reto que le propone lideresa social a Duque)

Con la reforma el Gobierno busca recaudar $23,4 billones que, según afirmaciones del Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, tendrían un enfoque social, es decir, se destinarían a la sostenibilidad permanente y ampliación de cobertura de programas sociales como Ingreso Solidario, Adulto Mayor, Devolución del IVA. Además, se subsidiaría el 100% de la matrícula en educación pública a jóvenes en condición de pobreza. Estudiantes del SENA y población discapacitada también se verían beneficiados con diferentes subsidios; eso es lo ideal y ojalá lleguen ayudas a más población, pero ¿Saben cuánto pierde el país al año por actos de corrupción? Una cifra escandalosa: cincuenta billones de pesos, más de la mitad de lo que se recaudaría en la reforma, ¿No es mejor ponerle freno a este delito y que la justicia no sea tan permisiva y en unos casos alcahueta, antes que afectar el bolsillo de los colombianos? Sigamos soñando.

La tarea del Gobierno es convencer a los Honorables Padres de la Patria para que voten a favor del proyecto de ley. Necesitarán al menos 66 votos en el Senado y 110 en la Cámara de Representantes. Estaremos muy atentos, especialmente a la decisión que tomen nuestros Representantes tolimenses que por estos días han guardado un silencio absoluto, como si se tratara de algo premonitorio.  

• (Lea también: Los puntos más polémicos de la reforma tributaria propuesta por el Gobierno Nacional)

Por ahora una reforma tributaria embellecida de Ley de Sostenibilidad Social, seguirá su curso en el Congreso. Atrás quedaron las falsas promesas y mentiras de campaña, esa ignominia acompañada de cinismo a la que nos hemos acostumbrado por parte de los políticos, y el presidente Duque no es la excepción. Sí, muy lejos está esa propuesta ilusoria y populista de “menos impuestos, más salarios” o “una reforma en tiempos de pandemia sería suicida”. Definitivamente la peor enfermedad de los colombianos tiene nombre propio: mala memoria.